El puerto de Ushuaia, reconocido globalmente como la puerta de acceso de cruceros turísticos a la Antártida y principal hub logístico del Atlántico Sur; violenta el reclamo histórico de soberanía nacional, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la normativa provincial vigente, al funcionar por un lado como un eslabón esencial para el floreciente negocio de cruceros, y por el otro generando ingresos a la colonia británica implantada en las Islas Malvinas.

Luego de meses de solicitudes verbales y promesas incumplidas de entrega de datos por parte del funcionariado provincial, Agenda Malvinas formalizó un pedido de información por escrito al presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de Tierra del Fuego AeIAS, Roberto Marcial Murcia. El objetivo es cuantificar y exponer el movimiento marítimo entre Ushuaia y las Islas Malvinas desde 2011 a la fecha, buscando que el Derecho a la Información rompa el silencio institucional sobre el incumplimiento de las normativas que protege la soberanía argentina.

La Soberanía ninguneada por el incumplimiento de los gobiernos

El pedido de informes elevado por Agenda Malvinas se sustenta, por un lado, en la obligación constitucional de la República Argentina de ser consecuentes con la reafirmación de derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (Disposición Transitoria Primera), y por otro, dar cuenta de la violación sistemática de la Ley Provincial Nº 852, conocida como "Gaucho Rivero", sancionada en 2011. Ley que prohíbe el amarre, la permanencia, el abastecimiento o las operaciones de logística en territorio fueguino de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas de explotación de recursos naturales, o buques militares en la cuenca de las Malvinas.

Si bien la ley se centra en la explotación ilegal de recursos ictícolas y petroleros, su espíritu de defensa soberana se ve sistemáticamente vulnerado por el circuito turístico que utiliza Ushuaia como base. El turismo en Malvinas es el tercer o cuarto rubro económico más importante de la colonia —detrás de la pesca (58% del PIB) y los servicios financieros—, generando ingresos por cerca de US$ 20 millones anuales. La afluencia récord en Malvinas de 73.191 pasajeros de cruceros en la última temporada, no se entiende sin la logística y el aporte fundamental que se facilita desde el puerto de la capital de Tierra del Fuego.

La situación adquirió una dimensión de controversia pública el pasado 28 de agosto, cuando el propio secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, en una entrevista en Radio Provincia de Ushuaia, reconoció que “todos los veranos vemos cómo decenas de cruceros parten de Ushuaia hacia las islas”. Estas declaraciones oficiales son, en sí mismas, la prueba de que la violación a la Ley Gaucho Rivero es un hecho conocido y tácitamente permitido por la cúpula funcionarial, lo cual constituye un incumplimiento directo de sus mandatos legales.

El derecho a la Información Pública

Para desentrañar el alcance de esta situación, la nota enviada por Agenda Malvinas a la DPP invoca la Ley de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, Nº 653, que garantiza el Derecho a la Información Pública. En ella se le solicita al Presidente de la entidad autárquica, un detalle de toda la actividad marítima desde agosto del año 2011 a la fecha, y las previsiones para la temporada 2025-2026.

Identificación de Embarcaciones: Nombre, tipo de embarcación, capacidad de carga y/o pasajeros y, crucialmente, la bandera de origen y el operador.

Rutas marítimas: El detalle de la fecha de partida y/o arribo de buques que realizaron navegación o circuitos integrados entre el Puerto de Ushuaia y las Islas Malvinas, Islas de los Estados, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, Antártida y Punta Arenas (Chile).

Cuantificación de pasajeros: La cantidad precisa de personas, pasajeros y tripulaciones que embarcaron y desembarcaron en el Puerto de Ushuaia dentro de estos circuitos.

El pedido apunta a obtener las cifras oficiales que demuestren cuántos cruceros, pese a los mandatos expresos de la Constitución Argentina y las leyes vigentes, han generado ingresos en Ushuaia, y al mismo tiempo han nutrido directamente la economía del enclave colonial británico.

La respuesta de la Dirección Provincial de Puertos deberá transparentar si la provincia prioriza el ingreso de divisas turísticas por encima del mandato constitucional y de la ley que defiende la soberanía nacional. El reloj corre para que Roberto Murcia responda en los plazos establecidos por ley.

 LA SOLICITUD DE TRES PÁGINAS, ENVIADA POR AGENDA MALVINAS A LA DPP