Argentina acaba de marcar un hito histórico en la defensa de sus recursos naturales. Por primera vez, el Estado Nacional logró que una empresa extranjera pague una multa multimillonaria por pesca ilegal sin que el barco haya sido interceptado físicamente por la Prefectura. El protagonista de esta derrota económica para la flota depredadora es el buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu pero capitales chinos.

El golpe al bolsillo: Los números del castigo

La sanción no es simbólica; es un golpe directo a la rentabilidad de la pesca ilegal. Gracias a la solidez de las pruebas electrónicas, el Gobierno Nacional logró el cobro efectivo de:

• Multa por infracción: $1.260.000.000 (Mil doscientos sesenta millones de pesos).
• Conversión a dólares: Aproximadamente U$S 1.050.000 (Un millón cincuenta mil dólares).*
• Adicionales: A este monto se le sumaron los gastos operativos derivados del procedimiento de detección y seguimiento.

Cálculo basado en el tipo de cambio aplicado al sector pesquero/exportador a marzo de 2026.

¿Cómo se logró cobrar sin "tocar" el barco?

El Bao Feng fue detectado el pasado 10 de enero operando a menos de 4 nudos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). En el pasado, si el barco lograba cruzar la Milla 201 y escapar a aguas internacionales, la causa moría en un escritorio.

Esta vez, la estrategia cambió:

1.   Evidencia Digital Irrefutable: Se combinó el Sistema Guardacostas Pro de la Prefectura con la plataforma satelital Skylight. Esta "doble validación" generó una prueba técnica que los abogados de la empresa no pudieron rebatir.

2.   Presión Administrativa: La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, bajo la gestión de Juan Antonio López Cazorla, utilizó esta evidencia para bloquear administrativamente a la armadora del buque. Ante el riesgo de perder permisos internacionales o enfrentar embargos mayores, la empresa decidió pagar.

Un mensaje para la flota de 500 barcos

La soberanía en el Atlántico Sur se defiende con presencia, pero también con eficacia administrativa. El caso del Bao Feng envía una advertencia clara a los más de 400 buques que acechan nuestros caladeros: el mar ya no es un escondite.

Si un barco es detectado por los sensores de la Prefectura —liderada en esta área por el PG Néstor Kiferling—, la multa llegará a la oficina de la empresa en Beijing, Singapur o Vigo, aunque el barco nunca toque un puerto argentino.

La mirada estratégica: El recurso es nuestro

Este antecedente refuerza la tesis del Dr. César Lerena: Argentina debe ejercer su rol de Estado Protector. Al cobrar esta multa, el Estado reconoce que el daño biológico causado por el Bao Feng tiene un precio y que no estamos dispuestos a cederlo gratuitamente.

La "tolerancia cero" ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una cifra: 1.260 millones de pesos que, por primera vez, pasan de la bodega de un infractor a las arcas del Estado Argentino.

Fuente:

Pescare