La escalada institucional y jurídica entre la República Argentina y el Reino Unido por los recursos de la Cuenca Malvinas Norte sumó una presentación diplomática formal. Por instrucción directa del canciller Pablo Quirno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto entregó una enérgica nota de protesta ante la embajada británica en Buenos Aires para repudiar las decisiones anunciadas por la administración colonial implantada en las Islas Malvinas.

El reclamo responde a la resolución difundida a comienzos de semana por la asamblea usurpadora de las islas, mediante la cual se dispuso prorrogar por cinco años —con opción a dos adicionales— todas las licencias de producción de hidrocarburos costa afuera, al tiempo que se convalidó la adquisición por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited del 65% del área PL001, bloque de 1.126 kilómetros cuadrados colindante al proyecto Sea Lion que la compañía israelí acordó operar junto a la canadiense JHI Associates Inc.

Violación a la Resolución 31/49 e ilicitud absoluta

En el documento diplomático, la Cancillería argentina remarcó que las decisiones unilaterales de Londres y sus autoridades dependientes en el archipiélago vulneran de manera directa la legalidad internacional:

• Quebranto de los mandatos de la ONU: El Palacio San Martín enfatizó que la adjudicación y prórroga de áreas vulnera en forma flagrante la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, disposición que conmina expresamente a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que alteren la situación mientras continúe pendiente la resolución pacífica de la disputa.
• Menoscabo a la Resolución 2065 (XX): Las disposiciones británicas desconocen los pronunciamientos de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización (C-24), que reconocen la existencia del diferendo territorial y ordenan reanudar el diálogo bilateral sin atajos de autodeterminación.
• Invalidez de las autoridades coloniales: El Estado argentino ratificó que no reconoce jurisdicción ni competencia a ninguna autoridad que no sea la propia para habilitar concesiones, extensiones de plazos, transferencias de paquetes accionarios o programas exploratorios en la Plataforma Continental Argentina.

Cerco legal y sanciones sobre la cadena de proveedores

El comunicado de la Cancillería refuerza la advertencia penal y económica sobre el ecosistema corporativo que asiste materialmente a las petroleras:

“Toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina constituye un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino —en particular las Leyes N° 26.659 y N° 26.915 y el Decreto N° 868/2026—. El Gobierno argentino reitera que empleará todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos soberanos”.

La advertencia oficial cobra un peso operativo directo: recuerda que quienes intervengan “directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”. Este paraguas alcanza a empresas de servicios petroleros, armadores de buques de tendido o perforación (como Bluewater o Fugro), aseguradoras y bancos que faciliten financiamiento para el desarrollo de Sea Lion.

La notificación diplomática complementa en el terreno formal la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de Mariel Borruto —que ordenó paralizar los trabajos físicos hasta contar con evaluación de impacto ambiental argentina— y el tratamiento en el Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ratificando que la República Argentina no convalidará la consumación de hechos consumados sobre su plataforma marítima austral.