Fernando Sibilla presentó su renuncia como presidente del directorio de la Fábrica Argentina de Aviones S.A. (Fadea), en un contexto de incertidumbre financiera y falta de contratos vitales con la Fuerza Aérea Argentina.
El exfuncionario compartió su decisión a través de un post en LinkedIn, describiendo su gestión como “intensa, desafiante y profundamente enriquecedora”.
La salida de Sibilla no fue inesperada. Hace aproximadamente un mes, se había discutido su continuidad en un encuentro con el ministro de Defensa, Luis Petri. En esa charla, Petri había solicitado a Sibilla que permaneciera en su cargo hasta febrero, en un intento por reorientar el rumbo de la empresa en tiempos difíciles.
Sin embargo, la falta de un contrato interadministrativo que garantice la provisión de tres aeronaves Pampa III y la conversión de otros tres Pampa II al nuevo estándar ha dejado a Fadea en una situación crítica.
Se estima que el contrato que permitiría el inicio de esta operación requiere aproximadamente 40 millones de dólares, una cifra que el ministerio no ha garantizado hasta el momento. Sin acceso a estos fondos, la producción de aeronaves y el avance de otros proyectos, como la fabricación de diez entrenadores IA-100B para la formación de pilotos, se ven comprometidos.
Las deudas acumuladas afectan a numerosos proveedores locales, incluidos PYMEs altamente especializadas que han estado esperando prolongados períodos para recibir pagos.
Estas demoras impactan la operatividad general de Fadea y su capacidad para cumplir con los contratos pendientes, como es el caso de la modernización de la aviónica de los helicópteros AB-206 de la Aviación de Ejército.
No obstante, Sibilla consideró en su despedida que la institución está mejor que antes: "Hoy Fadea se encuentra en mejores condiciones competitivas que hace un tiempo atrás”.
Afirmó que la firma está casi lista para operar a pleno en la producción del Pampa III y en los avances del IA-100. Sin embargo, estos planes dependen críticamente de la inyección de fondos y de negociaciones eficaces entre la Nación y el gobierno de Córdoba.
Un dato relevante es que la fábrica quedó fuera de la lista de privatización del actual Gobierno, pero enfrenta condiciones exigentes para su traspaso a la provincia. El abogado Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, ha establecido unos requerimientos, que incluyen el pago de un canon de 180 millones de pesos y un 2% sobre las ventas y servicios, además de la necesidad de asegurar los contratos con la Fuerza Aérea.
La incertidumbre financiera se acentúa aún más con la pregunta de quién asumirá el cargo, teniendo en cuenta la necesidad de más de 2.100 millones de pesos necesarios para el pago de salarios en el primer mes.
Al mismo tiempo, el IA-63 Pampa III, aunque sigue siendo un atractivo para la exportación, enfrenta una lucha constante por asegurar su rentabilidad en el mercado internacional.
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