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Designaron a los miembros de la Comisión que investigará la instalación del radar británico

Será integrada por ocho miembros de la Legislatura fueguina y dos Excombatientes de Malvinas, contará con 90 días hábiles prorrogables y facultades equivalentes a un proceso judicial.

29 de mayo de 2026 15:14

La responsabilidad de analizar la conducta de los funcionarios recayó en: Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Laura Colazo (PV ), Matías Lapadula (PG), Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA), Raúl Von der Thusen (SF).

La Legislatura de Tierra del Fuego designó a los ocho parlamentarios que llevarán adelante la investigación sobre las responsabilidades políticas e institucionales en la instalación del radar de capitales británico en Tolhuin. Con la participación de los Centros de Veteranos de Guerra y amplias facultades para citar funcionarios y peritos, la Comisión inicia una cuenta regresiva que pondrá bajo la lupa las actuaciones administrativas desde el año 2022 o más atrás.

La red de global de radares que mostraba LeoLabs hasta 2025, donde en Argentina (Tierra del Fuego) indicaba: "en desarrollo". Captura web de elDiarioAR

 

De esta manera, el proceso investigativo parlamentario sobre el radar de capitales británicos e irlandeses en la estancia "El Relincho" entrará en su fase operativa para designar su fecha de inicio. La Legislatura de Tierra del Fuego formalizó la integración de la Comisión Especial Investigadora, creada el pasado 30 de abril, la cual tendrá la tarea de desentrañar cómo se autorizó una tecnología de capacidad dual que vulnera la soberanía y la seguridad nacional.

Los ocho nombres de la Comisión

La responsabilidad de analizar la conducta de los funcionarios involucrados recayó en una representación plural de la Cámara:

  • Federico Sciurano (FORJA)
  • Pablo Villegas (MPF)
  • Juan Carlos Pino (PJ)
  • Laura Colazo (PV)
  • Matías Lapadula (PG)
  • Gisela Dos Santos (ST)
  • Natalia Gracianía (LLA)
  • Raúl Von der Thusen (SF)

A este cuerpo político se sumarán, como pieza fundamental de legitimidad, un integrante por el Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y otro por el de Río Grande, quienes actuarán ad honorem con voz y sin voto, durante en el proceso.

Facultades plenas: Nadie podrá eludir la citación

La Comisión no será un espacio de debate retórico. Según el instrumento legal de su creación, contará con 90 días hábiles (prorrogables) y facultades equivalentes a las de un proceso judicial. Podrá requerir copias certificadas de expedientes al Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, tendrá potestad para citar e interrogar a funcionarios y empleados involucrados en las actuaciones administrativas del año 2023 y podrá nombrar peritos técnicos y convocar a testigos para reconstruir la ruta de las autorizaciones que permitieron el despliegue de LeoLabs en cercanías de Tolhuin.

El contexto: Entre la investigación local y la "salida" porteña

Este avance legislativo se produce en un momento de tensión geopolítica máxima. Mientras la Comisión fueguina busca responsables, desde Buenos Aires se filtran versiones sobre una posible "operación de maquillaje" para el radar.

Como reveló Data Clave, existen sospechas sobre gestiones del asesor presidencial Santiago Caputo ante el Comando Sur para que una empresa local "compre" la instalación y así sortear la nulidad societaria. En este esquema, el nombre del Grupo Neuss y sus socios (vinculados al Banco Macro y al gigante industrial Newsan) aparecen como posibles actores en una "argentinización" de fachada que la nueva Comisión Investigadora deberá observar con extrema cautela.

El informe definitivo

Al finalizar su tarea, los parlamentarios deberán elevar un informe final a la Cámara con las conclusiones sobre las responsabilidades políticas y técnicas. El objetivo es claro: determinar quiénes abrieron las puertas a una empresa extranjera ligada al aparato de defensa de potencias que usurpan nuestro territorio.

Para el pueblo fueguino y sus veteranos de guerra, la cuenta regresiva ha comenzado. Ya no se trata solo de desmantelar un radar, sino de exponer la red de complicidades que puso en riesgo la soberanía nacional desde el propio Estado provincial.

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