La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego produjo un extenso dictamen referido a la instalación del radar de LEOLABS Argentina SRL en la comuna de Tolhuin, cuyas principales conclusiones revelan posibles irregularidades en la autorización otorgada por el anterior Gobierno nacional y falta de legislación provincial adecuada para abordar casos como el estudiado. El informe responde al pedido formulado el 29 de septiembre de 2023 por el senador Nacional Pablo Blanco.
El documento claramente destaca la condición de LEOLABS como sociedad británica, con un socio del Reino Unido, señalando esto como una potencial amenaza a la seguridad nacional. Además, sugiere que la autorización se concedió sin la debida evaluación de los riesgos que la instalación del radar podría representar para la seguridad nacional.
El Fiscal Virgilio Martínez de Sucre detalló la falta de coordinación burocrática entre autoridades federales y provinciales, especialmente en el contexto de la "Cuestión Malvinas". En el informe, critica la falta de activación de la comisión correspondiente y señala un incumplimiento procedimental.
En cuanto a las responsabilidades, la Fiscalía básicamente demuestra que, en la vergonzosa autorización para la instalación de un equipo de investigación satelital de alta performance a una empresa británica, ésta recae en las autoridades nacionales del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de Gabinete. Por oposición, exime de tal responsabilidad al gobierno de Tierra del Fuego, más allá de las facilidades locales otorgadas en distintas etapas del affaire.
El dossier aborda también la hipotética capacidad (o incapacidad) de los funcionarios locales para evaluar amenazas a la seguridad nacional, destacando la falta de especialización en asuntos castrenses y de telecomunicaciones.
Podría decirse que, por lo mismo, Martínez de Sucre subraya la necesidad de revisar el ordenamiento jurídico relativo a las relaciones con el Reino Unido en todos sus aspectos. Y en el ámbito estrictamente provincial, el funcionario llama la atención sobre la carencia de legislación local al respecto, que otorgue en todo caso herramientas al Ejecutivo para actuar en casos de tal índole.
El dictamen concluye proponiendo una revisión de los marcos normativos tanto a nivel nacional como provincial, destacando la necesidad de regulaciones más claras en sectores estratégicos. E instando a los legisladores de la provincia a propiciar esta revisión y en todo caso a generar legislación que permita actuar ante actividades sensibles que puedan afectar la soberanía y hasta la seguridad nacional.
