El ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Regino Amado, y el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, discutieron la implementación de la Ley de capacitación de los tres poderes del Estado en la Cuestión Malvinas.
Sin embargo, la propia provincia de Tierra del Fuego, que contiene en su jurisdicción a las Islas Malvinas, los archipiélagos y los territorios marítimos del Atlántico Sur usurpados por Gran Bretaña, no implementa dicha normativa.
La contradicción más evidente del acercamiento a la gestión tucumana, es que el gobierno de Tierra del Fuego, pasó en tan solo un año, de encabezar la liga de gobernadores opositores a la gestión de Javier Milei, y amenazar de cortar el suministro de gas; a ponderar las politicas de defensa que lleva adelante Luis Petri y ahora a asociarse con el mayor exponente de las gobernaciones libertarias, que no reniega ni repudia la admiración de Milei a Margaret Thatcher y por plantear la "autodeterminación de los kelpers". Un enfoque pro británico que se distancia totalmente con los intereses argentinos.
En este marco, la cercanía entre el gobierno de Tucumán y el de Milei plantea serias inquietudes sobre cómo se abordará la capacitación y el compromiso con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas, sabiendo que el posicionamiento de Milei es de entrega y negacionista.
A su vez el gobierno de Melella ha mostrado desde junio de 2024, cuanto menos, una falta de acción concreta en la Cuestión Malvinas, lo que hace cuestionar la sinceridad de su interés en la capacitación propuesta.
En lugar de desarrollar políticas efectivas en su jurisdicción, la administración fueguina opta por acercarse a Tucumán, donde Jaldo, alineado con la administración de Javier Milei, prioriza una agenda que tiende a debilitar la causa malvinense.
A su vez, la historia ha demostrado que los pactos políticos sin fundamento pueden resultar en un descrédito de cuestiones que deberían ser sagradas como la defensa de la soberanía argentina.
En un contexto donde la memoria histórica y la lucha por Malvinas son fundamentales, este tipo de alianzas —que parecen más un juego político que un verdadero compromiso— solo sirven para engrosar la lista de iniciativas vacías y desprovistas de sentido, o peor aún en un sentido contrario a los intereses soberanos del país.
Este escenario evoca el recuerdo de situaciones previas, como la relación de la exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, con el gobierno de Mauricio Macri, en favor de conveniencias políticas y en apoyo de una presidencia que firmó el humillante acuerdo "Foradori-Duncan".
En aquella gestión anterior, Bertone -detrás de su verdadera relación con Mauricio Macri- mantuvo un acercamiento con Sergio Urribarri cuando este era gobernador de Salta, y se alinearon al macrismo desmalvinizador, nefasto para la causa.
En el caso actual, Dachary y el gobierno de Tierra del Fuego se reúnen con funcionarios de Jaldo, el más libertario de los gobernadores argentinos, para poner en impulsar una capacitación de Malvinas que, llamativamente, en Tierra del Fuego el gobierno de Mella no ha puesto en marcha todavía.
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