La crisis por la entrega de soberanía nacional al gobierno de Estados Unidos escaló a un nuevo nivel con la contundente declaración del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien se ha puesto al frente del rechazo fueguino a la instalación de una base militar en Ushuaia. Sus palabras —"Tierra del Fuego no está a la venta, vamos a impedir que Milei instale una base militar en Ushuaia"— resuenan como un desafío directo al gobierno nacional, justo cuando una encuesta nacional revela que el 71% de los argentinos se opone a la presencia militar estadounidense en la provincia.

El pronunciamiento de Pérez, formulado desde el frente "Defendamos Tierra del Fuego", no solo responde al sentir popular, sino que lo posiciona electoralmente.

Pérez es actualmente el político con más chances de suceder a Gustavo Melella en la conducción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en 2027. Su declaración rompe con el silencio y la ambigüedad que ha caracterizado la respuesta del gobierno provincial de Melella ante el avance de Milei.

La firmeza de Pérez expone la profunda preocupación local por el Decreto 697/2025, que autorizó el ingreso de tropas de EE. UU. a bases estratégicas como Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano sin la necesaria autorización del Congreso.

La voz de la Patagonia contra la claudicación

El hoy intendente de la ciudad de Río Grande, calificó la acción del Ejecutivo nacional como un "retroceso histórico" y una "amenaza directa a la soberanía nacional y a la paz en el Atlántico Sur".

Sus palabras son una bofetada al gobierno libertario: "No vamos a permitir que el gobierno nacional transforme a nuestra provincia en un enclave extranjero. Tierra del Fuego debe ser un territorio de paz, desarrollo y cooperación latinoamericana, no un puesto avanzado de intereses militares y coloniales foráneos".

Su firmeza contrasta hoy, con la calculada cautela del gobierno provincial, que ha evitado confrontar directamente a la administración de Milei, incluso después del fracaso de la visita del presidente a Ushuaia.

Esta postura ha generado críticas sobre una posible complicidad o, al menos, un temor a la represalia del gobierno nacional que ha puesto en jaque la industria fueguina. La intervención de Pérez, entonces, no es solo política, sino de supervivencia institucional, obligando al oficialismo provincial a salir de su silencio ante hechos de tamaña envergadura que exponen la entrega de la Causa Malvinas.

Rechazo nacional y amenaza constitucional

El rechazo del intendente se valida con los datos de una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba, que arroja un resultado abrumador: el 71% de los argentinos desaprueba que Milei permita la participación estadounidense en Ushuaia a cambio de un acuerdo económico. Solo el 21% se muestra a favor de la medida.

Esta masiva desaprobación nacional subraya que la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no es una cuestión meramente partidaria, sino una política de Estado con un profundo arraigo popular. La encuesta, realizada tras la publicación del decreto que habilitó actividades militares extranjeras en bases estratégicas, confirma que el intento de Milei de canjear apoyo militar por auxilio financiero carece de respaldo social y político.

El contexto se agrava por el desafío constitucional que implica el Decreto 697/2025. El Poder Ejecutivo ignoró el mandato del artículo 75, inciso 28 de la Carta Magna, que exige la aprobación del Congreso para la entrada de tropas extranjeras. Esta acción arbitraria intensifica el conflicto de poderes y da más argumentos al proyecto de ley de la diputada Agustina Propato, que busca prohibir la permanencia de fuerzas militares de países aliados al Reino Unido en el territorio nacional.

La declaración de Pérez, respaldada por la voz de una contundente mayoría nacional y con proyección de futuro político, sitúa a Río Grande a la cabeza de la resistencia contra lo que se percibe como la claudicación del gobierno de Milei. La amenaza de transformar a Ushuaia en una "Base Rota" patagónica —un puesto de avanzada para la flota de submarinos de EE. UU. y un enclave para contrarrestar a China— ha generado una unidad de acción en el extremo sur que exige un freno a la entrega de la soberanía. El mensaje es claro: la Patagonia no está a la venta, y el pueblo fueguino está dispuesto a impedir la intromisión militar extranjera en un territorio que es el centro vital de la Causa Malvinas.