El radar de la empresa LeoLabs Argentina SRL, instalado muy próximo a la ciudad de Tolhuin, (en la provincia argentina de Tierra del Fuego), vuelve a la escena periodística a través de la reciente confirmación, que la empresa matriz en California ha formalizado un nuevo y millonario contrato de vigilancia espacial con el gobierno de Estados Unidos, destinado explícitamente a “rastrear naves espaciales adversarias”.

Este anuncio, revelado por la revista especializada SpaceNews este 9 de diciembre de 2025, ratifica de manera innegable la capacidad de uso dual —civil y militar— de las estaciones de radar que la compañía opera a nivel global. Un hecho que ha sido sistemáticamente negado por la filial argentina de LeoLabs y durante dos años, por el propio gobierno de Tierra del Fuego, conducido por Gustavo Melella.

De la chatarra al espionaje

Según la publicación, LeoLabs obtuvo un contrato interinstitucional para proveer datos de vigilancia espacial al gobierno de EE. UU., alimentando la plataforma TraCSS (Sistema de Coordinación de Tráfico para el Espacio) y, crucialmente, siendo utilizado por la Célula de Operaciones Comerciales Conjuntas de la Fuerza Espacial para "evaluar amenazas" y "monitorear naves espaciales adversarias".

Este servicio va mucho más allá del rastreo de escombros espaciales —el objetivo original y único declarado por la empresa al radicarse en Argentina—, y se enmarca en una estrategia de seguridad nacional estadounidense que ya había quedado expuesta en septiembre de 2025, cuando LeoLabs demostró su capacidad para rastrear misiles hipersónicos, cohetes y drones en ejercicios conjuntos, buscando un lugar en el proyecto de defensa "Cúpula Dorada" de Donald Trump.

Una empresa británica en la provincia de Tierra del Fuego

La confirmación de la naturaleza militar de la tecnología se vuelve crítica por la arquitectura societaria de LeoLabs Argentina SRL, que está controlada por capitales con sede en Dublín (95%) y Londres (5%).

Esta composición accionaria, sumada a la alianza formalizada en julio de 2024 entre LeoLabs Inc. y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el Proyecto Tyche (destinado a desarrollar una constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento), legitimó la histórica advertencia del Estado argentino.

El Ministerio de Defensa de la Nación, bajo la gestión de Jorge Taiana, ya había emitido un informe lapidario en agosto de 2023, que culminó con la cancelación total de la autorización precaria del radar. Dicho informe fue contundente:

1.    Vulneración a la Seguridad Nacional: Permitiría al Reino Unido, potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas, monitorear actividad satelital civil y militar argentina, interceptar datos y observar objetivos terrestres y marítimos.

2.    Incompatibilidad con la Defensa Nacional: La instalación es "totalmente incompatible" con la Directiva de Política de Defensa Nacional, que exige mantener el control y la inteligencia militar estratégica en los espacios aeroespaciales ante la "persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del Reino Unido" en el Atlántico Sur.

3.    Capacidad de Inteligencia: La ubicación geográfica de Tolhuin es estratégica, otorgando un acceso privilegiado para la obtención de datos espaciales a nivel global y la posibilidad de ser utilizados por los sistemas de inteligencia de EE. UU. y, consecuentemente, ser diseminados al Reino Unido.

La presión de Washington

Aunque el radar se encuentra aparentemente inoperativo (no ha existido ningún peritaje que lo demuestre), la presión para su reactivación de los socios de la OTAN, no cesa. En septiembre de 2025, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Alvin Holsey, solicitó públicamente la reapertura del radar, en el marco de una estrategia para consolidar la presencia militar de EE. UU. en la región y como apoyo tecnológico para la Alianza Atlántica.

Esta solicitud ha sido analizada por diferentes medios argentinos, que señalan la confianza de LeoLabs en el alineamiento militar y diplomático del actual gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos, como un factor que podría forzar la reapertura de la instalación satelital.

La evidencia más reciente sobre la función de vigilancia militar de LeoLabs a nivel global, no solo despeja las dudas sobre el radar de Tolhuin, sino que también subraya el riesgo permanente para la soberanía y la seguridad nacional argentina, mientras este activo de control espacial, con capitales ligados a una potencia ocupante; permanezca en nuestro territorio.

De esta manera, a través de esta nueva información publicada por Space News; el reguero de mentiras hilvanadas por la actual gestión de gobierno de Gustavo Melella, es borrado por la propia empresa. Dejando al descubierto, una vez más; la necesidad de la desinstalación definitiva del campo de antenas que constituye el radar.