Aunque prohíbe la actividad en el canal Beagle y en aguas dulces de la Isla Grande de Tierra del Fuego -una victoria de la lucha socioambiental que la precede-, el gobierno fueguino abrió la puerta a la acuicultura en la costa atlántica. Para ello logró modificar -por un voto-, la Ley 1355, que ahora teoriza un incierto futuro de rigurosos estudios de impacto y participación ciudadana; de una gestión que viene demostrando en seis años de mandato; ineptitud, incompetencia, irresponsabilidad y ser propenso a responder a los intereses corporativos de un grupo reducido de empresas radicadas en la provincia bicontinental, cuyos dueños no conviven con la sociedad que la integra.

No hay dudas en la realidad mundial. La experiencia global demuestra que los sistemas de cría intensiva, incluso los controlados; conllevan riesgos severos: contaminación por desechos orgánicos y químicos, propagación de enfermedades y potenciales escapes que alteran ecosistemas nativos. Un proyecto de dudoso beneficio macroeconómico, que generaría escaso empleo y concentraría ganancias, mientras se asume un riesgo ambiental innecesario.

Esta minuciosa preocupación normativa contrasta de manera obscena con la pasividad absoluta y sobre todo; el silencio frente al despojo histórico en las usurpadas aguas de Malvinas, pertenecientes legítimamente a la provincia que temporalmente gobierna Melella.

Allí, la administración colonial británica recauda anualmente más de 300 millones de dólares por la venta de licencia de pesca a empresas españolas-británicas, taiwanesas y de Corea del Sur. Y extrayendo/robando, un volumen declarado por la administración usurpadora, de 250 mil toneladas de recursos ictícolas argentinos.

La pesca del calamar, motor de la economía ilegal de la colonia, se lleva a cabo sin que la Provincia, ni la Nación perciban un solo centavo ni ejerza control alguno, sobre la sostenibilidad del recurso. Las pérdidas para la economía del país, cuando esos recursos llegan a las góndolas; escalan a no menos de 2000 miles de millones de dólares. Más aún; cuando ello viene aparejado de un daño ecológico incalculable, por la pesca no regulada.

¿Cuánto podrá recaudar las arcas provinciales de los impuestos que se generen a través de la cría en cautiverio, de carácter industrial; de salmones?

Solo un dato: el 30% de la Comunidad Económica Europea, consume calamar de Malvinas que entra por los puertos gallegos de Vigo y Marín.

El contraste no podría ser más elocuente. Por un lado, el gobierno de Melella se ocupa en fogonear una ley para una industria controversial, intrascendente en la escala económica provincial y potencialmente dañina, dirigida a satisfacer intereses sectoriales, y por el otro, se desentiende por completo -sin acciones judiciales firmes como se habían comprometido al inicio de su primer gestión y sin una postura soberana clara- frente la fabulosa depredación de un bien común invaluable, y de altísima calidad ambiental y nutricional existente en Malvinas.

Se promete vigilar con lupa eventuales emprendimiento acuícola, pero se tolera impasible la depredación marítima. 

En esta paradoja, la retórica oficial del "equilibrio ambiental, social y económico" y del "consenso" no es más que una cortina de humo que oculta una política timorata, carente de una visión estratégica de desarrollo y de una defensa enérgica de los intereses fueguinos. Prefiere darle la espalda a la propia ciudadanía y desoír el rechazo colectivo, antes de encarar un combate esencial en defensa de la disposición soberana y el consumo de los recursos de la Provincia y la Nación, sustraídos por Gran Bretaña y sus socios.