La crisis por la intervención del Puerto de Ushuaia ha derivado en un escenario sin precedentes en la historia institucional de Tierra del Fuego. El Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, mediante la Nota FE N.º 126, ha comunicado oficialmente su excusación indeclinable para representar a la Provincia en la demanda contra la Nación. El motivo es tan claro como alarmante: el Fiscal no solo no fue consultado a tiempo, sino que mantiene "marcadas diferencias" con la estrategia —o falta de ella— del gobernador Gustavo Melella.

El "Puenteo" confirmado: Melella actuó a espaldas de la Ley

El documento del Fiscal de Estado confirma la denuncia que Agenda Malvinas sostiene desde el inicio: el Gobernador ocultó la gravedad de la situación hasta que el puerto estuvo perdido. Según Martínez de Sucre, recién fue notificado formalmente de la intervención el 29 de enero, cuando el interventor nacional ya estaba en funciones.

El Fiscal revela que existieron "intercambios informales" previos donde él mismo advirtió sobre la necesidad de actuar antes de la intervención material. Sin embargo, Melella prefirió la inacción del ente autárquico (DPP) y luego una acción impulsada por el Poder Ejecutivo que el Fiscal califica como ajena a su criterio jurídico.

Las razones de un rechazo histórico

La excusación del Fiscal de Estado se fundamenta en tres puntos que dejan a la gestión Melella en una situación de "indefensión" técnica autoinfligida:

1.    Divergencia Estratégica: El Fiscal señala que el modo en que Melella abordó la demanda impide sostener la "coherencia indispensable" para defender a la Provincia. En términos llanos: la demanda está tan mal planteada que el Fiscal prefiere no firmarla para no comprometer su prestigio ni la responsabilidad del organismo.

2.    Conflicto de Intereses (Investigaciones en curso): Este es quizás el dato más explosivo. El Fiscal advierte que muchas de las razones invocadas por la Nación para intervenir el puerto (como el desvío de fondos o las irregularidades financieras) están siendo investigadas por la propia Fiscalía de Estado. Martínez de Sucre no puede defender a Melella en la justicia federal mientras lo investiga en el ámbito provincial.

3.    Incompetencia en la elección del Tribunal: El Fiscal deja entrever que hubo discrepancias sobre "ante qué tribunal" presentarse, reforzando la tesis de que la presentación ante el Juez Calvete fue un error procesal que debió ir directo a la Corte Suprema.

El costo de la "Aventura Judicial": 60 mil dólares al tacho

Con la excusación del Fiscal de Estado, la provincia queda en un limbo legal. Melella deberá ahora designar un "Fiscal ad hoc" para intentar salvar la personería jurídica que la Fiscal Federal ya cuestionó.

Mientras tanto, la sociedad fueguina sigue pagando los 60 mil dólares al estudio porteño YMAZ S.R.L. por una estrategia que el máximo órgano de control de la provincia considera inviable y contradictoria. ¿Qué asesoraron estos abogados si ni siquiera lograron el consenso del Fiscal de Estado?

Un Gobernador solo y en retirada

Tierra del Fuego asiste al derrumbe del relato oficial. El "atropello nacional" que denuncia Melella se estrella contra la realidad de un Fiscal de Estado provincial que le dice: "No puedo defenderlo porque usted no respetó la ley ni la estrategia que correspondía".

La soledad de Melella es hoy técnica, jurídica y política. Al intentar eludir los controles de la Fiscalía de Estado para ocultar sus propias irregularidades administrativas, el Gobernador terminó bloqueando la única defensa seria que tenía la provincia. Hoy, el Puerto de Ushuaia está intervenido por la Nación y abandonado por la impericia de un gobierno que ya no tiene quién lo defienda.