Mientras el gobernador Gustavo Melella se pierde en un laberinto de presentaciones judiciales "incompletas", abogados que no pueden litigar en el fuero federal y una soledad institucional absoluta tras el portazo del Fiscal de Estado, surge una alternativa clara y contundente desde el derecho administrativo. Expertos juristas locales sostienen que la llave para recuperar la soberanía portuaria no está en manos del Juez Federico Calvete ni en los tiempos eternos de la Corte Suprema, sino en las bancas de la Legislatura de Tierra del Fuego.

El diagnóstico es inobjetable: la Legislatura debe derogar de inmediato el artículo de la Ley Provincial N.º 1596 que autoriza el desvío de fondos del puerto hacia la obra social fueguina, OSEF. Esa norma es el "pecado original" que le permitió a la Nación alegar el incumplimiento del Convenio de Transferencia de 1992 y ejecutar la intervención administrativa.

Quitarle la "excusa" al centralismo porteño

La intervención nacional se asienta sobre un argumento central: la provincia violó la cláusula 7.ª del convenio, que obliga a reinvertir las rentas portuarias exclusivamente en el muelle. Al sancionar una ley que pretendía "manotear" el superávit para tapar el bache financiero de la OSEF, el Gobierno de Melella le entregó a la gestión de Javier Milei la prueba del incumplimiento en bandeja de plata.

Si la Legislatura deroga esa ley, el fundamento jurídico de la Resolución 4/2026 de la ANPyN se desmorona. Sin la amenaza de desvío de fondos, la Nación ya no puede alegar que la provincia pone en riesgo la operatividad y el mantenimiento del puerto para justificar una intervención de 12 meses.

La responsabilidad de los Legisladores

Hasta ahora, el cuerpo legislativo ha guardado un silencio cómplice. Sin embargo, la derogación de la Ley 1596 pondría a prueba la verdadera voluntad política de las fuerzas locales:

• Neutralizar la intervención: Al quitar el factor de conflicto, la provincia recupera la autoridad moral y legal para exigir el cese inmediato de la tutela nacional.
• Exponer la verdadera intención de la Nación: Si la ley se deroga y la Nación insiste en quedarse en el puerto, quedará demostrado que el objetivo nunca fue el "orden administrativo", sino la entrega del muelle al Comando Sur o a intereses geopolíticos, como denunció el secretario Dachary.

El costo de la inacción

Seguir esperando que la Corte Suprema resuelva la "acción de inconstitucionalidad" planteada por Melella es condenar al puerto a una intervención de hecho por tiempo indeterminado. Como bien advierte el Dr. César Lerena, la Nación ya está utilizando recursos y personal provincial para ejecutar su propia intervención.

La derogación de la ley es un acto de soberanía legislativa. Es admitir que se cometió un error al intentar desfinanciar el puerto y corregirlo para blindar el activo más estratégico de la provincia bi-continental.

La "Cautelar de la Derrota" ya demostró que por la vía judicial solo se cosecha humillación e impericia. El camino es político y legislativo. Los legisladores fueguinos tienen hoy la oportunidad histórica de desarmar la trampa en la que Melella metió a la provincia. Si no derogan la Ley 1596, serán tan responsables del desapoderamiento del puerto como el Gobernador que la promulgó. La autonomía se defiende con leyes claras, no con parches financieros que regalan nuestra soberanía.