Lo que la gestión de Gustavo Melella presentó como una "batalla épica" por la soberanía ha terminado en un papelón procesal de dimensiones históricas. El Juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, ha dictado ayer una sentencia que es, en los hechos, una bofetada a la idoneidad del gabinete provincial: se declaró incompetente y remitió la causa a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con este movimiento, Melella no solo perdió el puerto en el muelle, sino que ahora lo ha perdido en el laberinto judicial de Buenos Aires.

La crónica de un error anunciado (y carísimo)

El Juez Calvete fue contundente. La demanda interpuesta por el Gobernador contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) es una cuestión entre una Provincia y el Estado Nacional, lo que por mandato del artículo 117 de la Constitución Nacional debe tramitarse exclusivamente ante la Corte Suprema.

Este "error" de principiante nos obliga a preguntar: ¿Para qué se pagaron 60 mil dólares al estudio porteño YMAZ S.R.L.? Resulta inadmisible que un asesoramiento de ese costo no haya advertido que la presentación ante el juzgado local era un "pasaje a ninguna parte". Mientras Melella gastaba fondos públicos para evitar al Fiscal de Estado y poner a funcionarios sin matrícula federal, la Nación consolidaba su intervención material en el muelle.

El "cementerio" de la Corte Suprema

Al enviar la causa a la Corte, el Juez Calvete ha puesto el destino del puerto en un organismo que hoy está desbordado por expedientes de altísimo voltaje político y social. En el actual contexto nacional, con la Corte Suprema en el centro de disputas de fondo sobre el DNU, la coparticipación y las reformas del Estado, la "causa del puerto" de Tierra del Fuego corre el riesgo de dormir el sueño de los justos por meses, o incluso años.

Esta demora juega a favor de la intervención nacional. Mientras la CSJN decide si acepta o no el caso, el interventor Juan Avellaneda ya opera las cajas, el personal y la logística del puerto. Melella ha logrado lo que parecía imposible: garantizar que la intervención nacional no tenga freno judicial en el corto ni mediano plazo.

Melella: El artífice necesario del desapoderamiento

La responsabilidad de Gustavo Melella en este escenario es total e inexcusable. La intervención no cayó del cielo; fue construida por la propia desidia provincial:

1.    El abandono físico: Permitir que los pilotes del Sitio 3 llegaran al colapso técnico.

2.    El desvío de fondos: Intentar financiar la OSEF con tasas portuarias, violando convenios nacionales.

3.    La fractura interna: Puenteó al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, provocando su excusación y dejando a la provincia sin su defensa natural y constitucional.

Hoy, el Gobernador se victimiza denunciando un "atropello al federalismo", pero oculta que fue su propia firma y su impericia administrativa las que le pusieron el moño al regalo que hoy disfruta el gobierno de Javier Milei.

Conclusión: Una bisagra que cierra la puerta a la autonomía

La resolución de Calvete marca una bisagra. El puerto ya no se discute en Ushuaia. Al judicializar tarde, mal y con un equipo que el propio juez expuso como improvisado, Melella ha clausurado la posibilidad de una defensa efectiva en el momento récord de la temporada de cruceros.

Tierra del Fuego asiste hoy al resultado de un gobierno que confunde la propaganda con la gestión. El puerto, el mayor activo estratégico hacia la Antártida y el Atlántico Sur, está hoy en manos de la Nación gracias a un Gobernador que, por acción u omisión, se convirtió en el facilitador necesario de nuestra propia pérdida de soberanía.