La vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, ha roto el silencio de la manera más escandalosa posible al admitir públicamente que, en relación con la ampliación del Puerto de Ushuaia proyectada en 2017, el Estado otorgó un anticipo financiero y "se voló la guita". Esta declaración, lejos de ser una simple anécdota de pasillo, es una denuncia de un desfalco al patrimonio público que la gestión de Gustavo Melella ha callado durante seis años.

No hay dudas ni razones para que la Vicegobernadora se presente de manera inmediata ante la Fiscalía de Estado para radicar la denuncia formal y aportar las pruebas de este robo que ella misma ha verbalizado. No hay más margen para el comentario político; es hora de la responsabilidad penal.

La confesión que desnudó la inacción

Urquiza parece haberse referido a la obra de ampliación de 251 metros anunciada en septiembre de 2017 por el exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich; y la exgobernadora Rosana Bertone. Aquellos trabajos, valorados en $400 millones, nunca se concretaron. Si como afirma Urquiza, hubo un anticipo financiero que desapareció, el actual Gobierno Provincial ha sido el garante de esa impunidad al no haber judicializado el hecho desde 2019.

 

 

 

 

 

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Esta omisión cobra una gravedad inaudita en medio del papelón judicial que el Ejecutivo protagoniza ante el Juez Federal Federico Calvete. Mientras el equipo legal de Melella es reprendido por la fiscalía por "defectos de personería" e intenta "puentear" al Fiscal de Estado, la Vicegobernadora admite que el desorden y la corrupción en el puerto son moneda corriente desde hace casi una década.

Un movimiento lógico ante el abismo

La judicialización de la intervención nacional del puerto se encuentra hoy en un callejón sin salida:

• El Juez Calvete ha declarado la incompetencia del juzgado local, enviando el reclamo de la provincia al "limbo" de la Corte Suprema.
• El Fiscal de Estado se ha excusado de defender a Melella por discrepancias sustanciales con una estrategia que considera errática.
• Se han dilapidado 60 mil dólares en abogados externos para una presentación que la fiscalía federal calificó de "patética" e "incompleta".

Ante este escenario de derrota técnica, la única forma que tiene el Gobierno Provincial de demostrar que realmente le interesa la transparencia es denunciar el robo que Urquiza ahora confiesa conocer. Si la "guita se voló" y la provincia no hizo nada, el discurso del "avasallamiento a la autonomía" se cae por su propio peso: la autonomía fue entregada el día que decidieron no denunciar la corrupción interna.

El tiempo de las palabras terminó

Tierra del Fuego no puede seguir siendo el tablero de un gobierno que confiesa delitos por las redes sociales, pero se olvida de denunciarlos en los tribunales. Mónica Urquiza debe actúe con la seriedad institucional que su cargo demanda.

Si mañana no hay una denuncia formal en la Fiscalía de Estado para se investigue la desaparición de esos fondos, quedará explicito que su declaración no fue un acto de honestidad, sino una maniobra de distracción para ocultar que, bajo la gobernación Melella-Urquiza, el puerto se convirtió en una caja política, en lugar de un activo estratégico para el desarrollo marítimo y antártico, de la provincia bicontinental.