En una entrevista de ayer en Aire Libre FM, el Secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, dio en una clase magistral sobre cómo el gobierno provincial elude su responsabilidad primaria en el escándalo del radar de capitales británico-irlandeses de LeoLabs en Tolhuin. Pese a la crítica generalizada y la presión de Estados Unidos para reactivarlo, el funcionario de la gestión de Gustavo Melella optó por una estrategia defensiva y legalista, desviando la atención de la complicidad política y el tráfico de influencias que permitieron la instalación del aparato de espionaje.

En diálogo con el periodista Daniel Puebla, Dachary fue consultado sobre la reciente operación de prensa de la Embajada de EEUU en el diario La Nación para forzar al gobierno de Javier Milei a reactivar el radar. Si bien criticó la maniobra y reafirmó la amenaza que representa la empresa por sus vínculos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Secretario se mostró notablemente evasivo al ser inquirido periodísticamente sobre la responsabilidad de su propio gobierno en el origen del problema.

Una "autocrítica" sin explicación

Cuando el periodista le transmitió la "locura" que significa para la sociedad fueguina que el gobierno provincial "todavía no haya podido desactivar y que ordene desarmar ese radar", la respuesta de Dachary fue: "Sí, por supuesto que hicimos una autocrítica." Sin embargo, la supuesta autocrítica, en tres años de escándalo que vulnera la soberanía nacional, jamás se tradujo en una explicación sobre los hechos concretos que rodearon la instalación.

El funcionario nunca pudo o quiso explicar:

1 - La velocidad récord en el otorgamiento de las autorizaciones ambientales y los permisos iniciales por parte de la provincia.

2 - El silencio sobre el millonario costo de la extensión del tendido eléctrico hasta la estancia El Relincho.

3 - La presencia de familiares directos de figuras de su propio partido (FORJA) en el directorio de LeoLabs Argentina S.R.L., como Pablo Bilbao el yerno de la exdiputada nacional Mabel Caparros y también una asesora de la propia parlamentaria, como el hijo del presidente de la Dirección Provincial de Energía Juan Manccini, responsable de la empresa de energía que le llevó la electricidad al predio, son miembros de la filial argentina de la empresa británico-irlandesa.

4 - Por qué el alquiler del predio se paga en el extranjero (Zagreb Bank de Croacia), evadiendo el control fiscal argentino y fueguino.

5 - Por qué el gobernador Gustavo Melella se niega al pedido de los Veteranos de Guerra de Malvinas de Tierra del Fuego de un peritaje técnico-científico del radar.

El escudo Legalista vs. La Soberanía

En lugar de asumir el fracaso político y la desidia administrativa, Dachary se refugió en la legalidad, intentando otorgarle legitimidad a un acto de cesión de soberanía. Afirmó que lo que el gobierno provincial puede hacer "es lo que lo permite las leyes", y que el radar es una "empresa privada en un terreno privado".

"Hay que repensarlo, hay que cambiar las leyes. El tema es que quienes tienen que cambiar las leyes no las han cambiado y esto sigue vigente," sostuvo, trasladando la responsabilidad al Poder Legislativo, a pesar de que su propio gobierno prometió enviar proyectos para subsanar los vacíos legales que hoy alega.

La estrategia legalista de Dachary busca desvincular un acto de absoluta violación a la Constitución Nacional y a la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) —que prohíbe instalaciones con capitales británicos en la zona— de la actuación directa de los funcionarios de Melella.

La realidad es que el radar opera hoy como una espada de Damocles, y su permanencia instalada facilita la presión militar y financiera de Washington, tal como denunció Agenda Malvinas.

La evasión del desmantelamiento

¡Anoten! El hecho más contundente es que, a pesar de que el permiso nacional fue cancelado y el gobierno provincial quitó la habilitación ambiental, la gestión de Melella y la empresa evaden la orden de desmantelamiento físico.

La admisión de Dachary de que solo actuaron tras la denuncia del senador opositor Pablo Blanco y no por una acción proactiva del gobierno, subraya la falta de voluntad política para asumir el costo de desarmar el aparato. La supuesta "autocrítica" parece ser solo un recurso discursivo para calmar la indignación social sin dar cuenta de la responsabilidad política de quienes facilitaron la presencia de un centro de inteligencia angloamericano a pocos kilómetros de Malvinas.