En el corazón de la isla grande de tierra del fuego, a 11 km al norte de la localidad de Tolhuin, a menos de 600 metros de la ruta nacional Nº 3 y en predio de la Estancia El Relincho, se encuentra instalado el radar de Leolabs. Un radar o estación terrena de propiedad de las filiales inglesas e irlandesas de la norteamericana Leolabs, con capacidad de uso dual, científico-militar.
Una condición que la gestión del gobernador Gustavo Melella, se negó rotundamente a reconocer durante más de un año, hasta que hace 20 días atrás, la propia empresa blanqueó al anunciar haber realizado una alianza estratégica con el Departamento Espacial y el Ministerio de Defensa de Gran bretaña, para asistir los nuevos satélites ingleses que se subirán al espacio en el contexto de la guerra Rusia – Ucrania, o mejor dicho, la guerra provocada por la OTAN, contra Rusia.
El radar no llegó solo a Tierra del Fuego. Tampoco fue instalado por un acuerdo exclusivo de la empresa con el dueño de la Estancia.
En una primera etapa y en total silencio oficial del de la Provincia, Leolabs consiguió durante 2022 que el gobierno fueguino inscribiera la empresa en la Inspección General de Justicia (IGJ), le otorgara a velocidad luz, una habilitación ambiental y extendiera una red eléctrica de alta tensión, para su funcionamiento.
En tanto que, salteando procedimiento e intervenciones del Ministerio de Defensa, Cancillería, Aduana, el INVAP, la CONAE y otros organismos, la Jefatura de Gabinete de Ministros, le concedió en noviembre de 2022, la habilitación precaria para su instalación, en Tierra del Fuego.
El anuncio en EE.UU. y silencio en Tierra del Fuego
No fue sino hasta marzo de 2023 en que este radar comenzó a tomar notoriedad pública. Cuando el CEO de Leolabs Dan Ceperley, desde la embajada argentina en EE.UU., anunció haber obtenido la autorización del gobierno de Alberto Fernández, para construir el radar en Tierra del Fuego -que ya estaba construido-, con el supuesto objeto de realizar el seguimiento, desde el hemisferio sur, de la basura espacial en la atmosfera baja de la tierra, entre los 200 y los 300 km de altura.
Llamativamente, pese al anuncio internacional, el gobierno de Gustavo Melella, se mantuvo en un extraño silencio, aún cuando 72 horas antes de las declaraciones del ceo de Leolabs, estuvo de visita en Ushuaia, y reunido con él, el embajador de EE.UU. en la argentina, Mark Stanley.
Fue recién el 15 de junio del año pasado, que la presencia de este radar cambió de aspecto, cuando el sitio web Radar Internacional informó que el gran aparato no pertenecía a una empresa estadounidense, sino a sus filiales británicas e irlandesas. Y que, además; no solo servía para el monitoreo de la chatarra espacial, sino también; para detectar satélites y misiles en orbitas espaciales bajas, y proveer información al sistema de inteligencia espacial del departamento de defensa de estados unidos.
La peligrosidad del radar irlandés y británico en suelo fueguino
Una semana después Agenda Malvinas certificaba que, en los expedientes de inscripción de la empresa asentada en la IGJ de Tierra del Fuego, el radar era 95 % irlandés y otro 5 % británico. Horas después el Ministerio de Defensa le pedía a la Jefatura de Gabinete de Ministros, suspender la autorización precaria otorgada a Leolabs, argumentando un “asunto de Interés Público”.
El 9 de julio, el Teniente General Juan Martín Paleo, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, denunciaba que la presencia del radar violaba la soberanía nacional y que estaba en contra de las disposiciones de seguridad emanadas por el Presidente de la Nación. Y el 3 de agosto el propio Ministerio de Defensa hacía público un lapidario informe de 23 páginas donde enumeraba todas las razones para que se ejecutara el desarme del radar por la vulneración a la seguridad de la Nación.
Sin embargo, el gobierno de Tierra del Fuego, antes de coincidir con la opinión del Ministerio de Defensa, criticó las declaraciones del Jefe de las FFAA y siguió negando que el radar tuviera una función dual, científico y militar; y antes de actuar en concordancia con el informe, mantuvo la opinión favorable a la empresa bajo el argumento que, como no había sido un proyecto del área militar, la cúpula castrense se oponía inventando fundamentos irreales.
Días después la Jefatura de Gabinete de Ministros, le quitó definitivamente la autorización y le pidió al gobernador Melella, retirar las habilitaciones ambientales, la inscripción en la IGJ de la provincia, cortar la electricidad, el servicio de internet de banda ancha y ordenara el desarme del radar. Pedidos que el gobierno fueguino cumplió a medias, a regañadientes y varias semanas después.
Mirar sin ver, escuchar sin oír
Tardó varias semanas de cortar efectivamente la electricidad. Hizo caso omiso a la interrupción de internet y al desarme; quitó la habilitación ambiental, pero no así la inscripción en Personal Jurídicas.
Para septiembre del año pasado en el medio de la carrera electoral que luego puso a Javier Milei como presidente, se desató una feroz pelea entre el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, con el Ministro de Defensa Jorge Taiana y la Jefatura de Gabinete conducida por Agustín Rossi; respecto a quién era el responsable de desarmar el radar. El cual, aún con manifestaciones de veteranos de guerra y acampes, aún sigue en pie, pese a que todos ellos; tanto el gobernador como los funcionarios nacionales; eran miembros de una misma coalición política, contradictoriamente llamada “Unión por la Patria”.
Cuando el tema tomó relevancia en los medios nacionales y se recrudecían las manifestaciones; el apoderado empresa Pablo Bilbao le envió una nota al Gobernador Melella, manifestándole que, para quitar toda sospecha que el radar siguiera funcionando, le iba a retirar componentes electrónicos.
Pero ni el gobierno de Melella ni la empresa, nunca demostraron técnica y públicamente, que efectivamente el radar no esté en funcionamiento. Porque nunca demostraron que la electricidad esté efectivamente cortada, cuales fueron los componentes electrónicos y qué función cumplían.
Y en esa situación se llegó al 17 de julio de este año, cuando la propia empresa Leolabs anunció haber realizado una alianza militar de control espacial con Gran Bretaña.
Melella y todo su gobierno se quedaron sin argumentos, y sin otra alternativa; 24 horas después el gobernador dijo que iba intimar el urgente desarme del radar. Una semana después el gobierno de Tierra del Fuego dijo que iba a iniciar acciones judiciales. Aunque lo cierto, es que 20 días después, Melella no ha demostrado haber ni intimado al desarme del radar, como tampoco que acción judicial efectuó.
El radar de Leolabs constituye el acto de espionaje británico más evidente en la argentina, luego de la guerra de Malvinas. Porque además de ocupar el archipiélago malvinero y 1.6 millones de km2 del Atlántico Sur, Gran Bretaña, EE.UU. y la OTAN lograron instalar con el apoyo de un gobernador que se autoerigía como paladín de la defensa de la soberanía, y un gobierno charlatán como el de Alberto Fernández, un radar con capacidad militar en la provincia de Malvinas.
Una actitud inentendible y repudiable, que deja abierta la puerta a la posibilidad que, tras la supuesta defensa a ultranza del radar demostradamente inglés e irlandés, pudiera haberse tejido en nombre de la Patria, los más asquerosos actos de corrupción.
La semana próxima te daremos a conocer todos los actores que permitieron la existencia de este radar y la trama que se tejió para invisibilizar lo que la propia empresa decidió blanquear hace pocos días atrás.
