Hace cinco días atrás -el pasado viernes 16-, la administración estadounidense de Donald Trump dio un paso de extrema gravedad institucional en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): solicitó formalmente la finalización del mandato y disolución del Comité Especial de Descolonización (C-24). Argumentando que el organismo representa un “despilfarro de recursos” y que ha dejado de cumplir su cometido original, la Casa Blanca arremete de lleno contra el principal dispositivo multilateral que, desde la década del sesenta, fiscaliza y condena los enclaves coloniales que las potencias occidentales retienen en el planeta.

Para la República Argentina, esta maniobra no es una reforma burocrática más en los pasillos de Nueva York: constituye un torpedo directo a la línea de flotación de la Cuestión Malvinas y a la integridad territorial de la Nación, en momentos en que la diplomacia nacional incurre en una capitulación histórica dictada por la sumisión ideológica al poder hegemónico del norte.

La ofensiva de Washington: neutralizar el derecho internacional

La arremetida norteamericana fue expuesta ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General por la representante adjunta de EE. UU., Tammy Bruce. Con una retórica que pretende maquillar el desmantelamiento del multilateralismo anticolonial bajo el rótulo de la “austeridad financiera”, Bruce calificó las actividades del C-24 como un “desperdicio de tiempo y recursos”, ironizó sobre las misiones del comité y afirmó que la entidad “opera como si nada hubiera cambiado”.

Detrás del argumento presupuestario yace una confesión política explícita: Washington busca blindar las relaciones de dominación vigentes. Al alegar que el Comité “no debería arrogarse la representación de estos pueblos ni intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano y en sus relaciones con los territorios no autónomos”, la delegación estadounidense busca barrer la doctrina forjada por la comunidad internacional a lo largo de seis décadas. Pretende, en los hechos, reducir el régimen colonial a un asunto de “libre determinación” a medida de las potencias administradoras y convertir la usurpación territorial en hechos consumados inmunes a la fiscalización global.

Cabe recordar que el Reino Unido administra 10 de los 17 territorios no autónomos aún pendientes de descolonización bajo la órbita de las Naciones Unidas. Al pretender liquidar el C-24, Estados Unidos asume abiertamente el rol de escudo protector de su principal aliado de la OTAN, sepultando de facto las audiencias periódicas sobre el saqueo británico en el Atlántico Sur y blindando, de paso, su propio tutelaje sobre la situación colonial de Puerto Rico.

El C-24 y la Resolución 1514: el escudo jurídico que pretenden destruir

Para dimensionar el peligro de esta embestida, es indispensable remitirse al andamiaje legal que sostiene la causa argentina. El Comité Especial de Descolonización fue creado en 1961 mediante la Resolución 1654 (XVI) como el brazo ejecutor de la histórica Resolución 1514 (XV) de 1960, la magna «Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales».

Es en ese texto fundacional donde se asienta la distinción irreductible entre dos principios del derecho de gentes:

1.    La autodeterminación, aplicable a pueblos autóctonos sometidos a dominación foránea.

2.    La integridad territorial, consagrada taxativamente en el punto 6 de la Resolución 1514:

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Esta doctrina es la piedra basal que desarticuló jurídicamente la treta británica de presentar a los ocupantes implantados en Malvinas a partir de la invasión de 1833 como un “pueblo” con derecho a veto. De la 1514 emanó la Resolución 2065 (XX) de 1965 y todas las resoluciones que año a año el C-24 adopta de manera unánime, instando a Londres y a Buenos Aires a retomar las negociaciones bilaterales para resolver la controversia de soberanía.

Disolver el C-24 no responde a un prurito administrativo: es un intento desembozado de clausurar el único ámbito específico donde las potencias colonizadoras deben sentarse en el banquillo a responder por sus usurpaciones territoriales, la expoliación de recursos ictícolas e hidrocarburíferos y la militarización del Atlántico Sur.

Entrega diplomática y contradicción en la Casa Rosada

Frente a un ataque de tal envergadura contra el interés vital de la Patria, la reacción del gobierno de Javier Milei bordea la complicidad. Consultado el vocero presidencial Adrián Ravier, apenas reconoció con llamativa displicencia que el reclamo estadounidense “está en análisis” dentro del Palacio San Martín.

Esta tibieza no es casual ni aislada. Días atrás, en esa misma Cuarta Comisión, la delegación argentina consumó una deserción sin precedentes: se abstuvo de votar un proyecto que ratificaba la vigencia y profundización de la Resolución 1514 frente a las formas modernas y contemporáneas de colonialismo. Mientras las naciones del Sur Global —socias históricas del reclamo argentino— votaron masivamente a favor (85 sufragios), Argentina prefirió subordinarse a los dictados de Washington e Israel para eludir cualquier condena al intervencionismo o a las sanciones coercitivas unilaterales.

El doble discurso gubernamental estalla a la vista:

• Por un lado, se proclama una impostada firmeza mediática ante la ONU denunciando “inacción”, o se envía al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía para restringir la operatoria del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de Malvinas.
• Por el otro, cuando los lobistas y petroleras de origen norteamericano expresan sus reparos y Washington aprieta los resortes de control hemisférico, la política exterior argentina se arrastra hacia la abstención y relativiza la disolución del órgano que legalmente resguarda nuestro reclamo.

Las promesas de Trump de “revisar la neutralidad” estadounidense en Malvinas no fueron más que fuegos de artificio. Poco después, el líder republicano sellaba reuniones a solas en Nueva York con el primer ministro británico Andy Burnham, excluyendo de cuajo a la Argentina de cualquier conversación sustantiva. El imperio anglosajón defiende sus intereses geoestratégicos comunes; subordinarse a ellos a cambio de palmaditas ideológicas es una claudicación que viola de manera flagrante la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.