A través de una carta pública difundida ayer en el diario Tiempo Argentino, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda pone en el centro del debate una denuncia sobre los actos públicos del Gobierno Nacional y tres gestiones provinciales, que vulneran con absoluta claridad la defensa de la soberanía argentina y la vigencia de sus leyes.

Su acusación pone al descubierto una cadena de complicidades políticas entre el gobierno nacional y las administraciones de Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén, que permitieron la operación de la petrolera británica Harbour Energy, una empresa sancionada y legalmente inhabilitada en el país.

La denuncia se fundamenta en un hecho innegable: la Ley Nacional N° 26.659, conocida como la "Ley Pino Solanas", prohíbe las operaciones en Argentina a cualquier compañía que haya explorado o explotado recursos en la plataforma continental sin la debida autorización del Estado. Bajo esta normativa, la petrolera Premier Oil fue condenada por la Justicia Federal de Tierra del Fuego por su accionar en el yacimiento Sea Lion (León Marino), operando con una licencia ilegal otorgada por el gobierno colonial de Malvinas. La sanción fue clara: inhabilitación por 15 años y el embargo de sus activos.

El quid del asunto es la identidad de la empresa. Con documentos oficiales de la Companies House (el registro de sociedades del Reino Unido) y del Boletín Oficial de la República Argentina, Odarda asegura que Harbour Energy es la misma entidad que su antecesora, Premier Oil. Que ambas comparten un mismo número de registro que, como una huella dactilar, las vincula jurídicamente. Sin embargo, pese a este antecedente judicial y la documentación que dice; prueba la continuidad de la firma sancionada, el gobierno nacional le abrió las puertas a través de la Secretaría de Energía, dirigida por María del Carmen Tettamanti. La legisladora cuestiona la "sospechosa velocidad" con la que se le concedieron permisos a una empresa que, por ley, no debería operar en el país.

Un entramado de complicidades en la Patagonia

La denuncia de Odarda, aunque se enfoca en los permisos otorgados para un proyecto en el Golfo San Matías, en Río Negro, es solo una pieza de un rompecabezas más grande que involucra a tres provincias patagónicas. El caso revela un modus operandi que parece haberse replicado en distintos niveles de gobierno, generando una contradicción flagrante con el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella, fue el primero en dar un paso en falso autorizando la entrada de la petrolera británica en la Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1).

La operación se llevó a cabo de manera encubierta, permitiendo que Harbour Energy se disfrazara de la empresa alemana Wintershall Dea, en un acto grosero y gansteril de eludir la ley. Una maniobra delictiva facilitada con total conocimiento, aceptación y complicidad del gobernador y parte de su gabinete ministerial y dejando pegados a los legisladores y legisladores que aprobaron la renovación de los contratos petroleros con datos falsos, 15 a 0.

El patrón de conducta de las autoridades, sin embargo, no se limita a esas dos provincias. La propia Harbour Energy se enorgullece en su sitio web de que su producción en Argentina también se concentra en las concesiones Aguada Pichana Este y San Roque, en la cuenca neuquina. Esto indica también el gobierno de Rolando Figueroa, debió haberse sumado a la cadena de autorizaciones que violan la "Ley Pino Solanas".

Soberanía en la mira y recursos en riesgo

La situación es de una gravedad sin precedentes. La defensa de la soberanía no es un mero discurso. Al permitir que una empresa que ha participado en la usurpación de los recursos naturales argentinos en las Malvinas opere libremente en el país, las autoridades nacionales y provinciales están socavando el reclamo histórico y constitucional de la Nación.

El yacimiento Sea Lion, donde Premier Oil/Harbour Energy tuvo una participación clave, es un acto de usurpación incontestable de recursos estratégicos.

Este accionar de los gobiernos envía un mensaje peligroso a la comunidad internacional, que podría ser interpretado como una debilidad en la postura argentina.

La denuncia de Odarda busca que la Justicia Federal ponga un freno a esta cadena de ilegalidades, investigando a los funcionarios involucrados y obligando a respetar las leyes que protegen la soberanía nacional.

Más allá de las consecuencias legales, este caso resalta un problema de fondo: la aparente disposición de algunos gobiernos a sacrificar la defensa de un reclamo territorial histórico a cambio de beneficios económicos, sin importar que quienes se beneficien sean empresas que han agredido directamente los intereses nacionales.

 ¿Es el Estado argentino capaz de defender sus leyes y su soberanía, o los intereses corporativos están por encima de la Constitución? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro del reclamo por las Malvinas.