Lo que comenzó como un simple ajuste logístico para el vuelo de LATAM que une Punta Arenas con las Islas Malvinas, con una escala temporal en Ushuaia, se ha transformado en un conflicto de soberanía que ha escalado desde el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, hasta el Congreso de la Nación.

El epicentro de la controversia es la negativa de la aerolínea a reconocer en su plataforma web global, el nombre oficial del aeropuerto de Ushuaia: “Malvinas Argentinas”. Un acto que más que una omisión, es un ataque directo a la soberanía del país.

La polémica se encendió cuando medios de Tierra del Fuego, como Agenda Malvinas, revelaron que la omisión del nombre era una exigencia directa de las autoridades coloniales británicas. Frente a esta provocación, el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, reaccionó y el sábado 13, expresó un ultimátum que sonó a terminante: “Si LATAM no reconoce el nombre de nuestro aeropuerto que se despida de Ushuaia”.

Aunque la aerolínea no modificó su criterio, el vuelo finalmente se realizó el domingo, después de haber sido cancelado el día anterior por el mal tiempo.

El domingo 14, la tensión era palpable en el aeropuerto, donde se montó un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Armada.

En medio de un escenario cargado de simbolismo, un grupo de veteranos de guerra embarcó en el avión rumbo a las islas. Un dato que añadió una capa de complejidad al incidente es que el vuelo fue despachado por la aerolínea low-cost argentina Flybondi, de reciente cambio de dueños y con lazos corporativos con empresas británicas.

De la indignación pública a la respuesta institucional

La controversia trascendió las fronteras de la provincia y la discusión pública se expandió, impulsada por las redes sociales y la prensa. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se sumó a la condena con un mensaje firme en la red social X, calificando la actitud de LATAM como un "ataque directo" a la historia, la memoria de los héroes y la soberanía nacional. Vuoto declaró que "el nombre Malvinas Argentinas es bandera, identidad, dignidad y orgullo de todo un pueblo".

Sin embargo, a pesar de la firmeza de las primeras declaraciones públicas de Gustavo Melella, la falta de acciones concretas del gobierno provincial generó más de un interrogante. Porque si bien posteriormente el gobernador anunció que enviaría una nota formal de queja a LATAM, los hechos ulteriores demostraron una vez más la pasividad del Estado fueguino, frente a la continuidad de la omisión en la web de la aerolínea. Evidenciando una vulnerabilidad de la posición argentina ante la política de hechos consumados del Reino Unido.

La controversia llega al Congreso Nacional

La escalada alcanzó por estas horas, su punto más alto con la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Diputada Inés Carolina Yutrovic impulsa una iniciativa que expresa un "enérgico repudio" a la actitud de LATAM y, lo más importante, insta al Poder Ejecutivo Nacional a realizar acciones para que la aerolínea cese en su desconocimiento de la denominación legal del aeropuerto.

Los fundamentos del proyecto dejan en claro que la disputa no es un simple detalle logístico, sino un ataque a un símbolo de la soberanía argentina, protegido por la Constitución Nacional. La iniciativa argumenta que permitir esta omisión equivaldría a "consentir un retroceso en nuestra estrategia de reafirmación soberana" y que "suprimir un nombre cargado de significado político y jurídico atenta contra la memoria colectiva".

En definitiva, la decisión de una empresa comercial ha expuesto un punto de fricción en la política exterior argentina y ha forzado una reacción en cadena. La cuestión ahora reside en determinar si la contundente respuesta institucional, que ha escalado hasta el poder legislativo nacional, será suficiente para obligar a LATAM a rectificar su postura y honrar el nombre oficial del aeropuerto, o si, por el momento, la voluntad del usurpador británico continuará imponiéndose.