Una reciente denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación, ha destapado un escándalo de graves proporciones que la clase política argentina y patagónica no quiere ni mirar. Pero que pone en jaque: la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, la vulneración de nuestros recursos y riquezas naturales y la vigencia de las propias leyes.

En el centro de la polémica se encuentra la petrolera británica Harbour Energy, a la que el gobierno de Javier Milei le otorgó permisos para operar en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro, a pesar de su conocido historial de actividades ilegales en el subsuelo marino de las Islas Malvinas.

Para que se entienda; empresas mayoritariamente extranjeras, el Gobierno Nacional y tres gobiernos de provincias; están incumpliendo y violentando las prohibiciones establecidas por Leyes Nacionales. Un delito público-privado sobre el cual también -en sintonía con el Régimen Libertario-, se montó el gobierno Gustavo Melella. Impulsando con urgencia (desesperación), la renovación de los contratos petroleros en la Legislatura Provincial, brindándoles a sus miembros, datos manipulados, falsos; para permitir que Harbour Energy absorbiera el 37.5 % del paquete accionario de la Cuenca Marina Austral 1, operada por Total Energy. Ignorantia iuris neminem excusat.

Para saltear la prohibición legal, con conocimiento o decisión conjunta de Total Energy, Pan American Energy y del Gobierno fueguino (pronto se sabrá); Harbour Energy se hizo pasar por la empresa alemana Wintershall Dea, de la que había adquirido todos sus activos en septiembre de 2024; con el claro propósito de ocultar su verdadera identidad presente y su pasado de explotación ilegal.

Una empresa sancionada y encubierta

El corazón de este conflicto reside por la violación a la Ley Nacional N° 26.659, conocida como la "Ley Pino Solanas". Norma que penaliza económicamente y sanciona con inhabilitaciones de hasta 15 años, a cualquier empresa que explore o explote recursos en la plataforma continental argentina sin la autorización del Estado nacional. Una Ley destinada exclusivamente a la protección fundamental de los recursos y riquezas naturales continentales, del Atlántico Sur y Malvinas. 

Por vigencia de esa ley, la petrolera Premier Oil fue condenada en 2015 por operar en el yacimiento Sea Lion (León Marino) con licencia de la colonia británica de Malvinas. La Justicia Federal de Río Grande, ordenó sobre esas y otras empresas, su prohibición de trabajo en el país, el embargo de sus plataformas y las multó con millonarias sumas en dólares. Asunto que la Cancillería, “bien gracias”; cajoneó.

Sin embargo, en un movimiento de venta de acciones y transferencia de proyectos, Premier Oil se fusionó con la alemana Chrysaor Holdings, dando vida a Harbour Energy. Una nueva empresa que arrastró legalmente las mismas penalidades y sanciones de sus antecesoras; al constituirse inmediatalente en titular del 60% del paquete accionario de Sea Lion entre 2021 y 2022.

Ahora, a Harbour Energy; el gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Energía, dirigida por María del Carmen Tettamanti; le concedió no uno, sino tres permisos para operar en territorio argentino, ignorando por completo el antecedente judicial y violentado la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina.

La complicidad de cuatro gobiernos y el doble discurso

La denuncia de Odarda es un eslabón final en una cadena de decisiones que están más allá de lo cuestionables. La legisladora rionegrina denuncia directamente a la Secretaría de Energía por autorizar a Harbour Energy a participar en el consorcio Southern Energy, un megaproyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo de San Matías, en Río Negro. Además de los permisos de operación, la empresa fue incluida en el régimen RIGI, que le otorga beneficios fiscales y aduaneros extraordinarios por 30 años, un trato que contrasta con su condición de empresa sancionada.

Aunque la expansión de la petrolera británica va más allá, de lo que con precisión denuncia Magdalena Odarda. En su propio sitio web Harbour Energy afirma que su producción en la Argentina se concentra en dos áreas: la prolífica concesión offshore Cuenca Marina Austral (CMA-1) en la provincia de Tierra del Fuego, y las concesiones onshore Aguada Pichana Este y San Roque en la cuenca neuquina. Donde se enorgullece que: “El negocio adquirido por Harbour lleva más de cuatro décadas operando en Argentina y cuenta con una sociedad de operación a largo plazo a través de TotalEnergies”. Datos suficientes como para también involucrar de lleno, al gobierno neuquino de Rolando Figueroa.

La soberanía en peligro

La situación es de una gravedad extrema. La defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas no es solo una cuestión de discurso, sino de acciones concretas. Al permitir que una empresa que ha violado la legislación argentina en términos de soberanía; opere libremente en el país, da cuenta que el gobierno nacional, el de Neuquén, el de Río Negro y el de Tierra del Fuego están socavando el reclamo histórico por Malvinas y flagrantemente la constitucional de la Nación.

La actividad de Harbour Energy en las Malvinas, heredada de su antecesora Premier Oil, no fue un incidente menor. La exploración y explotación del yacimiento Sea Lion, que se estima contiene más de 900 millones de barriles de petróleo, es un acto de usurpación incontestable de recursos naturales argentinos. El hecho que las autoridades nacionales y provinciales, con pleno conocimiento de esta situación, le abran las puertas a la empresa que formó parte de esa explotación, envía un mensaje contradictorio y peligroso a la comunidad internacional.

La denuncia de Magdalena Odarda busca que la Justicia Federal ponga un freno a esta cadena de violaciones constitucionales, investigando a los funcionarios involucrados y obligando a respetar las leyes que protegen la soberanía nacional.

Más allá de las consecuencias legales, este caso resalta un problema de fondo: la disposición de los gobiernos a sacrificar la defensa de un reclamo territorial histórico a cambio de beneficios o favores económicos. Sin importar que quienes se beneficien, sean empresas que han agredido directamente los intereses nacionales. Cada vez queda más claro, que la soberanía no se defiende con palabras, sino con decisiones.