Aunque es muy posible que en los próximos años el Estado italiano le tenga que pagar una millonaria indemnización por denegar a Rockhopper construir una plataforma petrolera en las costas del adriático como consecuencia de un cambio en la legislación ambiental de esa Nación; la empresa petrolera que se encuentra a la vanguardia en materia de desarrollo hidrocarburífero en Malvinas, no contará ahora con los más de 200 millones de euros que pensaba destinar a la producción del yacimiento Sea Lion que opera con licencia ilegal británica.

La información, que fue publicada en el sitio web de la propia compañía el 31 de octubre pasado con el título: “Solicitud de Italia de anulación del laudo del CIADI”; brinda una “actualización sobre su arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI") con la República de Italia”, en el cual se indica que tres días antes -el 28 de octubre-, Italia se presentó nuevamente ante el CIADI pidió la anulación del laudo y una suspensión provisional de la ejecución de pago; por lo cual Rockhopper está consultando con sus representantes legales “para impugnar” la solicitud.

Ombrina Mare, el yacimiento italiano concesionado a Rockhopper que la petrolera no podrá explotar

Y es que, como consecuencia que en 2015 la República de Italia prohibió la extracción de petróleo dentro de las 12 millas de la costa, el plan de Rockhopper para explotar un área offshore del adriático frente a la región de Abruzzo, quedó trunco. Por lo cual, luego de un proceso arbitral; el CIADI le ordenó en agosto al gobierno italiano, que pague a la petrolera británica una indemnización de 240 millones de euros por bloquear el proyecto. Un monto que incluye 190 millones de euros en daños más intereses, lo que supera con creces los 29,2 millones de euros que invirtió en el proyecto.

Lo cierto es que la petrolera esperaba hacerse de esos activos en lo inmediato, y no dentro de un año y medio o dos; sino sumar ahora fondos propios a la inversión inicial conjunta que proyecta con su socia israelí Navitas, para la explotación del yacimiento de clase mundial Sea Lion, al norte de Malvinas. Ya que el compromiso con el gobierno colonial británico que usurpa las islas a la Argentina, es la de comenzar con el proceso extractivo entre 2023 y 2024.

“Es decepcionante, aunque tal vez no sorprendente, que el gobierno italiano haya optado por solicitar la anulación del Laudo. Con base en el asesoramiento legal, creemos que es probable que los procedimientos de anulación demoren aproximadamente de 18 a 24 meses, aunque los intereses comenzarán a acumularse nuevamente en diciembre de 2022. Seguimos confiando en la solidez de nuestro caso, como se reflejó en la decisión unánime que sustentó el Laudo en agosto, y espero y creo que la solicitud de nulidad será rechazada a su debido tiempo”, opinó el CEO de la compañía Samuel Moody.

Por el momento; viento de cola para Argentina.

Por Agenda Malvinas