La drástica disminución del calamar loligo durante la zafra invernal de 2025, por tercer año consecutivo; podría significar el anticipo de una crisis económica que afectaría las islas Malvinas; como consecuencias de una explotación depredatoria ilegal de la que ellos mismo son responsables.

Tan es así, que las flotas española, china, coreana y taiwanesa que operan con licencias otorgadas por el ilegal gobierno del archipiélago, ahora exigen compensaciones. Y es que la evidencia señala que el colapso del recurso, es resultado de la sobrepesca descontrolada y de factores ambientales como las prospecciones sísmicas petroleras.

Un colapso ambiental que genera crisis económica

La alarmante reducción en las capturas de calamar patagónico en aguas adyacentes a las islas Malvinas no es un fenómeno natural aislado, sino el resultado previsible de décadas de extracción intensiva por parte de flotas extranjeras que operan bajo el paraguas de un gobierno colonial británico y de las otras que libremente depredan al borde de la milla 200 del litoral marítimo argentino.

Por tercer año consecutivo, la zafra invernal de Malvinas—la segunda del año— arroja resultados desastrosos, con biomasas que no superan las 10.000 toneladas. Una cifra ínfima comparada con las más de 100.000 toneladas registradas hace apenas tres años.

Esta crisis no solo amenaza el principal sustento económico del archipiélago, sino que expone la hipocresía de una industria que, tras saquear el recurso, le exige a la colonia usurpadora, compensaciones económicas.

La flota gallega, compuesta por 16 buques de capital mixto españoles-británicos que invirtieron más de 100 millones de euros en tecnología para esta pesquería, se encuentra en estado de alerta y clama por resarcimientos, tras haber pagado alrededor de 15 millones de euros a los usurpadores, por la adquisición de licencias.

Sobrepesca, prospecciones sísmicas y un patrimonio dilapidado

Las causas de esta debacle son múltiples y se retroalimentan. Por un lado, la sobrepesca histórica y descontrolada en aguas internacionales aledañas a la Zona Económica Exclusiva argentina —especialmente por parte de flotas española, china, taiwanesa y coreana— que ha diezmado los bancos de calamar illex, un recurso migratorio que comparte ecosistema con el loligo.

Buques factoría operan sin restricciones en la milla 201, capturando volúmenes que duplican o triplican las capturas declaradas, en una práctica extractivista que ignora cualquier principio de sostenibilidad.

Por otro, emerge con fuerza la hipótesis de que las prospecciones sísmicas vinculadas a la exploración petrolera en la plataforma marina estarían afectando gravemente al calamar, una especie particularmente sensible a las vibraciones acústicas. Expertos en la materia como César Lerena alertan que estas actividades provocan desorientación, estrés y reducción de la capacidad reproductiva en la especie, alterando su distribución natural.

La comunidad científica al servicio de la industria pesquera en Malvinas reconoce parcialmente el problema, pero omite señalar la ilegalidad de origen de la actividad que defiende. Al atribuir la escasez únicamente a la pesca en aguas internacionales o al cambio climático, estos actores buscan blanquear su propia complicidad en el saqueo de un recurso que, por derecho de soberanía, corresponde exclusivamente a la República Argentina. La situación es paradigmática: los mismos que explotan ilegalmente el mar argentino ahora advierten sobre el agotamiento del recurso, en un ejercicio de cinismo que no hace más que profundizar la crisis.

El agotamiento del calamar no es solo un desastre ecológico, sino una clara advertencia sobre las consecuencias de permitir que intereses extranjeros, avalados por una potencia ocupante, gestionen recursos naturales sobre los cuales no tienen derecho alguno.

La economía de las islas —dependiente mayoritariamente de la pesca— se encamina hacia un abismo, y de no revertirse las flotas depredadoras comenzarán pronto a abandonar un caladero que ellas mismas han devastado.

Mientras tanto, Argentina continúa viendo desde la costa continental cómo se dilapida su patrimonio ictícola ante la desidia y el abandono por parte del gobierno nacional, la indiferencia internacional y la complicidad de quienes, desde Europa y Asia, financian y se benefician de esta verdadera expoliación.