En declaraciones al periodista José “Rulo” Quiroga director de la emisora fueguina FM del Pueblo, el funcionario judicial explicó que el expediente impulsado por la Fundación Agustina Lerena —con el patrocinio del constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat— constituye un precedente singular. A diferencia de los casos habituales de buques extranjeros interceptados en la Zona Económica Exclusiva continental, esta causa apunta de forma directa a las flotas que operan en torno al archipiélago usurpado invocando permisos otorgados por una potencia ocupante.

“Estamos hablando de barcos que están buscando en aguas circundantes a las Islas Malvinas y que están dentro del espacio marítimo. Ellos lo hacen bajo la convicción de la autorización de un Estado que no tiene soberanía sobre las islas”, subrayó Vicente, dejando en claro que el mandato judicial exige el cese inmediato de la extracción si las compañías carecen de habilitación emitida por el Estado Nacional argentino.

El riesgo ambiental sin beneficio para el país

Durante la entrevista en FM del Pueblo, el secretario del Juzgado Federal detalló que la acción encuadra en el ámbito civil con un fuerte eje en la tutela ambiental preventiva. Según indicó, toda explotación extractiva conlleva un impacto sobre la biodiversidad marina que los Estados ponderan en función del interés público y los beneficios económicos asociados.

Sin embargo, en el escenario denunciado alrededor de Malvinas, esa ecuación se rompe por completo:

• Ausencia de autorización y control: Al ejecutarse sin permiso ni fiscalización de las autoridades nacionales, la actividad no reporta beneficio alguno para la República Argentina.
• Daño inminente al ecosistema: Persiste un riesgo concreto sobre los recursos vivos y la trama trófica compartida del Mar Argentino, lo que activa el deber judicial de dictar medidas cautelares innovativas antes de que los perjuicios se tornen irreversibles.

La vía diplomática: notificación por Cancillería

Uno de los aspectos operativos más relevantes explicados por el Dr. Juan Vicente radica en cómo se hará efectiva la intimación judicial sobre empresas y directorios radicados fuera del territorio continental, principalmente en puertos españoles como Vigo y Marín.

El funcionario precisó que las comunicaciones oficiales y los exhortos deberán canalizarse formalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería argentina), organismo competente para representar al Estado Nacional en el plano internacional.

Una vez perfeccionadas las notificaciones, comenzará a correr el plazo para que las corporaciones comparezcan en el expediente, ejerzan su derecho de defensa y cumplan con la intimación del tribunal de aportar la documentación respaldatoria sobre sus buques, licencias, capturas y operaciones en el Atlántico Sur.

Medida preventiva frente al saqueo histórico

Finalmente, Vicente aclaró la distinción procesal entre la orden cautelar vigente y la discusión de fondo que se sustanciará en el juicio ordinario. Respecto a la apropiación acumulada de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros a lo largo de más de tres décadas y el reclamo indemnizatorio multimillonario planteado por la Fundación Agustina Lerena, señaló que se trata de extremos que deberán ser acreditados en la etapa probatoria del proceso.

No obstante, reafirmó que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora justifican plenamente la intervención preventiva inmediata para frenar la continuidad de la extracción ilegal mientras se tramita el litigio principal. Con el mecanismo de notificación en marcha hacia la Cancillería, el fallo de Río Grande coloca ahora al Poder Ejecutivo Nacional ante la responsabilidad institucional de diligenciar con celeridad una orden judicial que defiende la soberanía y el patrimonio biológico de todos los argentinos.