El pasado jueves 18, la Comisión Especial Investigadora por el radar de Tolhuin dio inicio efectivo a sus funciones operativas en la sala de sesiones de la Legislatura de Tierra del Fuego. Bajo la presidencia del legislador Pablo Villegas (MPF) y la secretaría de Matías Lapadula (PG), el órgano parlamentario fijó sus reglas institucionales, analizó detalladamente la normativa constitucional que la faculta a auditar los actos de gobierno y estableció un riguroso esquema técnico y legal para alcanzar la "verdad histórica" sobre el asentamiento de la firma LeoLabs Argentina S.R.L.

En el primer encuentro, los miembros de la Comisión definieron una mecánica de trabajo: el cuerpo sesionará de manera ordinaria todos los jueves a las 14:00 horas. La labor se desarrollará dentro de un plazo primario de 90 días hábiles, el cual podrá ser prorrogado formalmente en caso de ser necesario para el éxito de la investigación.

Mecanismos de Transparencia Absoluta y Notificación de Alcances

Para garantizar que la comunidad y los sectores interesados sigan de cerca cada avance, la Comisión aprobó que todas las reuniones sean públicas y filmadas de manera íntegra. Asimismo, se determinó que cada testimonio brindado ante el pleno sea registrado mediante versiones taquigráficas, blindando legalmente las declaraciones de los citados.

Como primera medida administrativa de peso, la Comisión resolvió notificar formalmente tanto al Poder Ejecutivo Provincial como al Poder Judicial de la Provincia sobre el inicio definitivo de sus actividades. En dicha comunicación se detalló pormenorizadamente la normativa, las competencias y el alcance legal que la Constitución de la Provincia le confiere al cuerpo para exigir documentación y convocar de forma obligatoria al funcionariado, garantizando el debido proceso.

Dos propuestas para romper el cerco de silencio

El dato central de la jornada inaugural fue la recepción de dos amplias propuestas investigativas que marcan la estrategia probatoria inicial. Los pliegos técnicos fueron presentados de forma independiente por el legislador Juan Carlos Pino (Bloque Partido Justicialista) y por Juan Carlos Parodi, Presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia.

Ambas hojas de ruta confluyen en un objetivo común, pero despliegan un abanico de requerimientos de extrema complejidad que busca desarmar el mapa administrativo, societario y de infraestructura montado en torno a la estancia "El Relincho".

1. El pliego técnico de la Legislatura (Bloque PJ)

La propuesta presentada por el legislador Juan Carlos Pino se focaliza en auditar de manera inmediata, y en un plazo perentorio de diez (10) días hábiles, los resortes de control y los servicios estatales esenciales provistos a la firma:

• Dirección Provincial de Energía (DPE): Exige la remisión del expediente administrativo completo del alta del servicio comercial en la estancia El Relincho, junto con los datos registrales técnicos, la potencia contratada y el estado actual del suministro y del medidor. Asimismo, reclama el historial completo de consumo en kilovatios hora (kWh), los montos facturados y el acta técnica de la desconexión física y retiro del equipo de medición en Tolhuin. Finalmente, indaga si al otorgar el alta se solicitaron estudios de impacto ambiental provinciales o autorizaciones de organismos nacionales de telecomunicaciones, fronteras y seguridad nacional.
• Inspección General de Justicia (IGJ): Solicita copia fiel del legajo de constitución societaria, estatutos, actas de designación de autoridades, modificaciones y el desglose analítico de la composición de su capital social originario y actual. También exige el informe técnico-legal que avaló su inscripción, copia de la Disposición IGJ N° 607/2024, el estado del proceso de disolución y liquidación de la personería tras el fallo de abril de 2026, la identificación de los socios, beneficiarios finales, gerentes y apoderados vigentes, y un inventario detallado de sus activos fijos y equipamiento tecnológico en la provincia.
• Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas: Reclama copia certificada del Dictamen N° 23/2023 y el estado de las acciones judiciales o medidas cautelares en resguardo del interés público. Al órgano de control financiero le exige informar si existen investigaciones de oficio o auditorías por beneficios impositivos, exenciones fiscales o subsidios de la Ley de Promoción Industrial a favor de LeoLabs o de los dueños de la estancia, y si se detectó el uso de fondos públicos en obras de infraestructura periféricas.
• Jefatura de Gabinete y Ministerio de Producción: Requiere el registro oficial de audiencias y agendas mantenidas por funcionarios con directivos o lobbistas de la firma (2022-2023), y si existió coordinación epistolar formal con la Jefatura de Gabinete de la Nación. Al Ministerio de Ambiente le exige el expediente completo de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), las autorizaciones de uso de suelo o desmonte en el predio, y los permisos concedidos para la obra del tendido eléctrico de media tensión.
• Municipalidad de Tolhuin: Solicita los expedientes de obras particulares, planos edilicios, habilitaciones comerciales gestionadas, las actas de infracción por violaciones al Código de Edificación Urbana local y el estado procesal de la causa judicial (Expte. N° 4700/2025) relativa a la orden de demolición de las antenas.

2. El Requisitorio Geopolítico del Centro de Excombatientes de Ushuaia

Por su parte, la moción ingresada por los Veteranos de Guerra de Ushuaia, aporta una mirada de profunda auditoría institucional orientada a hallar el "Punto Cero" de la vinculación del Ejecutivo Provincial con la firma, concibiendo este hito como la partida indispensable para reconstruir el hilo conductor de toda la tramitación posterior. El documento explicita que no se buscan "papeles viejos", sino el mapa estructural y la cadena de responsabilidades de todo el funcionariado que intervino, coordinó o convalidó las acciones.

El texto de los excombatientes eleva significativamente la complejidad de la investigación al proponer requerimientos y pericias absolutas:

• Comunicaciones Digitales y Mensajería: Exige copias certificadas de correos electrónicos institucionales y particulares de los responsables de la IGJ, Ministerio de Producción, Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Energía, Jefatura de Gabinete, Secretaría de Malvinas, Secretaría Legal y Técnica y AREF con directivos o apoderados de la firma. Requiere de forma expresa pericias informáticas sobre registros de mensajería (WhatsApp, Telegram y afines) para relevar si existieron recomendaciones, sugerencias o instrucciones políticas de autoridades superiores para la consecución de dichos trámites.
• Fiscalización de Insumos Estatales y Obra Civil: Solicita a la DPE un informe contable detallado que especifique el listado y valor monetario de los insumos aportados por el Estado (cableado de alta tensión, postes, transformadores, subestaciones) para el tendido eléctrico hasta el predio, el registro de horas de trabajo de las cuadrillas operarias, planillas de viáticos, órdenes de hotelería y gastos de manutención abonados al personal estatal afectado en Tolhuin. También reclama copia del contrato de locación o comodato firmado por los dueños de la Estancia "El Relincho", las liquidaciones de tasas e Impuesto de Sellos ante la AREF, y la citación formal de la empresa constructora Paone & Cía. junto con los ingenieros civiles responsables de la dirección técnica del montaje civil.
• Conexión Federal y Alertas Diplomáticas: Propone requerir a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al ENACOM los expedientes de autorización y posterior revocación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Al Ministerio de Defensa le exige la totalidad absoluta de sus expedientes y dictámenes, las comunicaciones de la triangulación interministerial con Cancillería, y la citación de los redactores técnicos de planta del INVAP S.E., la CONAE y la Inteligencia Estratégica Militar que confeccionaron el informe de vulneración de seguridad del 1 de agosto de 2023. A la Cancillería le reclama el "Legajo Oculto" de la Embajada en Washington de abril de 2023 referente al anuncio institucional del proyecto, y una pericia informática sobre los servidores para recuperar datos y fotografías de publicaciones en redes oficiales que fueron borradas de los registros públicos. A la Aduana (ARCA) le pide auditar los despachos de importación y el rastreo de pedidos de excepción impositiva o "canal verde" para el ingreso del equipamiento de uso dual sensible.
• Citación al Gobernador y Vínculos Políticos: El documento plantea la interpelación a la exdiputada Nacional Mabel Caparros, a los directivos locales de Leolabs Argentina SRL y el rastreo de sus vínculos contractuales públicos en el Congreso de la Nación. En su tramo final, exigen la comparecencia obligatoria ante el pleno de la Comisión del Gobernador de la Provincia, Prof. Gustavo Melella, exigiéndole la presentación de copias certificadas de su agenda diplomático-comercial, las actas y archivos de audio/video de la reunión oficial mantenida en Ushuaia en abril de 2023 con el Embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley y el flujo de comunicaciones emanado desde sus dispositivos y secretaría privada hacia sus ministros.

La cuenta regresiva institucional

Con la unificación de estas dos complejas baterías probatorias, la Comisión Investigadora tiene en sus manos los expedientes y la potestad constitucional para citar a toda la cadena de mandos intervinientes entre 2019 y 2026. La mecánica de los jueves a las 14:00 horas, blindada por actas taquigráficas y grabaciones fílmicas públicas, promete transformarse en el espacio institucional más complejo y determinante del año para el poder político provincial. Tierra del Fuego ha comenzado a revisar sus propios archivos en busca de la verdad frente a la vulneración soberana ocurrida.