En un nuevo capítulo del colonialismo británico que se aferra ilegalmente a las Islas Malvinas, la administración usurpadora de las islas ha hecho pública una información que, si bien se presenta como un balance de su actividad económica, no hace más que confirmar el sistemático saqueo de los recursos naturales de la Argentina.

Un informe del sitio web Mercopress, basado en datos de la Asamblea Legislativa de la colonia, revela la magnitud del despojo: £2.450 millones en valor bruto generados en una década por la explotación pesquera. Al convertir esta cifra a dólares, se evidencia el monumental robo que sufre la nación argentina, representado una cifra que supera los 3.300 millones de la monera estadounidense.

Así se desprende de los datos revelados por la ilegítima legisladora isleña Teslyn Barkmann, la industria pesquera generó, entre 2014 y 2023, la impresionante suma de $3.307,5 millones de dólares (unos $330 millones de dólares anuales en promedio). La mayor parte de estos ingresos proviene de dos especies emblemáticas de las aguas argentinas: el calamar Loligo, que aportó más de $2.709 millones de dólares al bolsillo de los británicos, y la merluza negra, que sumó otros $247 millones de dólares.

Estos números, presentados con la fría formalidad de un reporte financiero, no son simples estadísticas. Son la evidencia concreta de un perjuicio económico que la Argentina padece de manera constante.

Las aproximadamente 250.000 toneladas de recursos pesqueros anuales que los británicos afirman extraer de las aguas circundantes a las islas, deberían estar bajo el control y beneficio de los argentinos. Sin embargo, el colonialismo y la ilegalidad de la ocupación británica impiden que esa riqueza se traduzca en desarrollo, empleo e infraestructura para nuestro país.

La propia discusión en la Asamblea Legislativa de los usurpadores, citada en el informe, resulta reveladora. El legislador kelper Mark Pollard reconoce que el sistema de cuotas de pesca es una suerte de "cuasi-monopolio" y un "significativo privilegio" que les permite cosechar un "recurso público compartido". Esta frase, en su cinismo, desnuda la verdadera naturaleza del problema: los británicos se apropian de un recurso que no les pertenece, justificando su explotación con argumentos de "sustentabilidad" y "transparencia", mientras el verdadero dueño, el pueblo argentino, es el gran ausente en esta ecuación. Un robo que los sucesivos gobiernos nacionales desde 2015 en adelante, lo mismo que las gestiones de la provincia de Tierra del Fuego en la última década, se niegan a abordar.

El informe también detalla otros ingresos millonarios provenientes de la pesca de otras especies, lo que eleva el total a más de $3.420 millones de dólares en una década, pero la cifra es solo una parte del problema. El informe británico también menciona, con llamativa normalidad, una serie de accidentes en el mar, incluyendo dos hombres al agua y un juicio por violaciones a la licencia de pesca, lo que demuestra la falta de controles y el alto riesgo que conlleva la actividad, un riesgo que no asume el verdadero dueño del mar que explotan.

En definitiva, este informe no es solo un balance económico, sino un documento que refleja la continua agresión a la soberanía argentina. Cada libra y cada dólar que los británicos declaran haber obtenido de las aguas de Malvinas son una bofetada a la historia, al derecho internacional y a la memoria de los argentinos que lucharon por la recuperación de las islas. La riqueza que se extrae, año tras año, es un recordatorio de que el colonialismo no es un problema del pasado, sino una herida abierta que la Argentina y los argentinos sufren en el presente.