Mañana, jueves 11 de diciembre, la colonia británica implantada por el usurpador británico en el territorio argentino usurpado de las Islas Malvinas; elegirá a ocho miembros de su autodenominada Asamblea Legislativa.

Lejos de cualquier debate sobre la ilegitimidad de origen, la campaña electoral ha expuesto con crudeza las tensiones domésticas de una colonia preocupada por su sustentabilidad económica.

En vísperas de la votación, dos intervenciones públicas han cristalizado el verdadero eje del poder en el archipiélago: la presión del sector empresarial para moldear las políticas a su conveniencia y el llamado a una gestión financiera “prudente” que garantice la continuidad del proyecto colonial.

La Cámara de Comercio de la colonia ha sido explícita en su carta abierta a los candidatos. Tras felicitar a los postulantes, les recuerda su “responsabilidad” de entender que el éxito de la comunidad empresarial es “crítico” para la economía y la forma de vida isleña.

La misiva, un verdadero manifiesto de intereses corporativos, advierte que los miembros electos suelen dar por descontado que el gobierno puede absorber más recursos para financiación social, subestimando la fragilidad de los negocios, en especial los más pequeños. Exige comprensión de la estructura económica, de la “creación de riqueza” -atribuida en exclusiva al sector privado- y una visión favorable a la diversificación, con mención específica a los hidrocarburos y la acuicultura.

Su tono es de instrucción: buscan candidatos que “tengan comprensión”, que ofrezcan “seguridades” y que prioricen una oferta de mano de obra con una “estrategia migratoria equilibrada”. El mensaje es claro: la Asamblea no debe atender al “servicio público exclusivamente”, sino a los intereses de quienes, según ellos, generan la prosperidad.

Este reclamo de subordinación política a la lógica comercial encuentra un eco técnico en la carta de Derek Howett, ex Secretario de Finanzas entre 1991 y 2008. Preocupado por los elevados costos de reemplazar la terminal portuaria y la planta eléctrica -“proyectos vitales”-, Howett apela a la prudencia fiscal. Su análisis es una lección de gerencia colonial: recuerda el antiguo sistema de fondos de amortización, cerrado en 2004, y sugiere su restablecimiento para evitar grandes préstamos. Su argumento, envuelto en terminología técnica, revela la ansiedad por una gestión que no ponga en riesgo la estabilidad financiera del enclave. La “prudencia” de la que habla no es un principio abstracto, sino la condición necesaria para mantener el nivel de servicios y comodidades al que esta comunidad implantada se ha acostumbrado, financiado históricamente por la explotación de recursos naturales argentinos. Principalmente desde hace 40 años, de la pesca.

Ambas intervenciones, la de la Cámara y la del ex funcionario, operan en el mismo marco conceptual: normalizan la administración de un territorio ocupado y reducen la política a la administración eficiente de los recursos expoliados. Los candidatos, como muestran los medios locales, discuten vivienda, costos, deudas por pesca y el futuro petrolero de León Marino / Sea Lion.

La elección, por tanto, es un mecanismo interno para afinar la gobernanza del ilegal usufructo. Mientras, la Argentina mantiene, en un tono que dista de ser enérgico, su reclamo soberano incuestionable.

Mañana, en Malvinas, no se votará por el pueblo. Se votará, por la perpetuación del mandato de la corona británica y la rentabilidad de la colonia.