El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, informó a última hora de ayer por sus canales oficiales, que “por medio de la Disposición I.G.J. Nº 607/2024, resolvió avanzar con la acción de disolución y liquidación judicial de la sociedad “LEOLABS ARGENTINA S.R.L.” de conformidad a la Ley Nº 19.550”.
Un párrafo un tanto confuso que merece una aclaración oficial, pero que parece indicar -con argumentos aún no dados a conocer-; que el Poder Ejecutivo Provincial efectuará una denuncia contra LEOLABS ARGENTINA SRL, para que la Justicia fueguina falle a favor de la "disolución y liquidación" de la Empresa.
Complementariamente esa acción, indicaron que “con carácter cautela, solicitó que la sociedad (LEOLABS) se abstenga de realizar actos tendientes a cumplir lo previsto por su objeto social; interviniendo actualmente el Área de Asuntos Judiciales de la Inspección General de Justicia”.
Dicen también que “mediante Decreto provincial N° 1662/24, el Ejecutivo provincial rechazó formalmente (ahora), el recurso jerárquico interpuesto por LEOLABS ARGENTINA SRL (el 5 de septiembre de 2023) contra la resolución M.P. y A. N° 860/2023, que dejaba sin efecto la autorización (ambiental) oportunamente concedida a la empresa atento la falta de autorización del organismo competente para su funcionamiento (Subsecretaria de Telecomunicación y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de la Nación), con lo cual -agregan- el Ministerio de Producción y Ambiente procederá (un año después) a una nueva intimación para el desarme del radar de forma definitiva”.
El elegido del gabinete para que hable, fue el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Mg. Andrés Dachary.
Dachary dijo que “los equipos jurídicos de distintas áreas del gobierno provincial han logrado dar este paso significativo para estar más cerca de poner fin a la presencia de Leolabs en el ámbito de nuestra provincia”. Y que a partir de esta acción “se procederá con la intimación definitiva para el desarme de la infraestructura presente en la estancia “El Relincho”, como así también con la perdida de la personería jurídica de la empresa en cuestión mediante la presentación de una demanda judicial para tal fin. Esto responde a la necesidad de desactivar la amenaza que supone la propia empresa como así también para desarmar la infraestructura que se ha montado a pocos kilómetros de la ciudad de Tolhuin", remata el Secretario de Malvinas.
Asunto claro está, que no será a pedir de boca del Poder Ejecutivo, quien un año después de los hechos, ahora pretende ir a solicitarle al Poder Judicial de la Provincia, que resuelva la existencia de un radar con prestaciones civiles y militares, que el propio Poder Político autorizó.
Difícilmente LEOLABS desista de sus objetivos. Por lo que es muy probable que apele los planteos del gobierno fueguino y que no haya una resolución inmediata a la medida de la gestión Melella.
Abierta esta instancia, quizás el Poder Judicial investigue y llegue a dar también, con los responsables políticos que permitieron a nivel provincial y nacional, la instalación de un aparato que vulnera la seguridad nacional y que resulta incompatible con la directiva de política de defensa nacional. Tal cual lo expresó el año pasado con lujo detalle, el Ministerio de Defensa de la Nación.
