En medio de la mayor crisis institucional de su mandato, y tras haber permitido con una desidia inexplicable que la Nación tomara el control del Puerto de Ushuaia, el gobernador Gustavo Melella ha decidido sumar un nuevo escándalo: el despilfarro de fondos públicos en contrataciones directas de dudosa legalidad.

Según acaba de informa el sitio tdfline.com.ar, el Gobierno Provincial ha contratado al estudio jurídico porteño YMAZ S.R.L. para llevar adelante la medida cautelar contra la intervención. El costo de este "primer paso" es de 60 mil dólares, lo que equivale a casi 90 millones de pesos que se pagarán en tres cuotas.

¿Y los abogados del Estado Fueguino?

La contratación de un estudio externo para una presentación judicial de esta naturaleza genera una sospecha inmediata. La Provincia de Tierra del Fuego cuenta con una planta de abogados permanentes con capacidad técnica para realizar presentaciones ante la Justicia Federal. Más aún, la provincia cuenta con la figura del Fiscal de Estado, el representante natural y constitucional de los intereses patrimoniales de los fueguinos.

Legalmente, el Estado Provincial está impedido de contratar servicios jurídicos externos a menos que se trate de una especialidad extrema (derecho espacial o informático complejo) que sus propios profesionales no puedan cubrir. Una medida cautelar por "autonomía provincial" es la esencia misma del trabajo de la abogacía estatal. ¿Por qué pagarle 60 mil dólares a un estudio privado de Buenos Aires por un trabajo que ya se paga con los sueldos de la administración pública de Tierra del Fuego?

Fondos intervenidos y cuentas generales

Un detalle agravante: como las cuentas del puerto están actualmente bajo el control del interventor nacional, el pago a Ymaz S.R.L. se realizará mediante la Cuenta General de la Provincia. Es decir, mientras Melella afirma que no hay dinero para la salud o la educación, el dinero de todos los fueguinos se utiliza para financiar una "aventura judicial" tardía que busca salvar la cara de una gestión que regaló el puerto en diciembre.

El silencio de los gobernadores y el "chasco" de Canals

La soledad política de Melella es absoluta. Según tdfline, el fallido intento del Jefe de Gabinete, Jorge Canals, era el de amalgamar a la oposición y a los gobernadores patagónicos detrás de la "Causa del Puerto". Pero evidentemente, nadie se quiere sacarse una foto con un gobernador que tiene un muelle con pilotes rotos y una contabilidad de "paraguas y pelucas".

Incluso los gobernadores que hasta hace poco posaban con Melella hoy guardan un silencio sepulcral y prudente distancia. Evidentemente entienden, que la intervención tiene un sustento técnico que la "retórica soberana" del gobernador no puede tapar.

Esta maniobra judicial de Melella no solo es éticamente cuestionable, sino que podría configurar una causal de juicio político. El pago de 60 mil dólares a un estudio externo sin una justificación de especialidad, en una contratación directa, pone a Melella al borde de otro precipicio legal.

El gobernador que no supo o no quiso defender el puerto cuando recibió las advertencias en octubre y diciembre, hoy pretende que los fueguinos le paguen una defensa privada millonaria, para intentar recuperar lo que él mismo entregó. La soberanía no se defiende con contratos en dólares; se defiende con honestidad, inversión y respeto a las instituciones, que ya se perdieron.