Hace dos semanas, en una reunión con sectores sindicales y políticos; donde el Poder Ejecutivo Fueguino dio su versión de los motivos de la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia y garantizó por escrito el sueldo de los trabajadores del sector, la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, soltó una frase que debería haber activado de inmediato las alarmas de la justicia y los organismos de control: "Incluso en el Gobierno de Macri lo licitaron (la ampliación del muelle), lo adjudicaron, dieron un anticipo financiero y se voló la guita", dijo ante la presencia de unas 30 personas, incluidas varios miembros del gabinete provincial.

Estas palabras no pertenecen a un opositor ni a un cronista de turno; emanan de la segunda autoridad de la Provincia. Sin embargo, lo que Urquiza presenta como una crítica al pasado es, en realidad, el certificado de defunción de la transparencia de su propia gestión.

Seis años de silencio cómplice

El análisis de esta declaración arroja una pregunta inevitable: Si el gobierno de Gustavo Melella y Mónica Urquiza sabía que un anticipo financiero millonario destinado al Puerto de Ushuaia "se voló" hace ocho años, ¿por qué no presentaron las denuncias penales correspondientes en 2019, al asumir el mando?

Haber convivido con la certeza de un desfalco al patrimonio público sin activar los canales oficiales para recuperar esos fondos o castigar a los responsables (sean funcionarios nacionales de la era Dietrich o locales de la DPP de aquel entonces) convierte a la actual gestión en responsable por omisión. La "guita" no vuela sola; vuela a través de expedientes, firmas y transferencias bancarias que el actual Gobierno debió auditar y denunciar hace seis años.

El desorden administrativo como política de Estado

La revelación de Urquiza llega en el peor momento: cuando la provincia ha perdido el manejo del puerto por una intervención nacional fundamentada, precisamente, en el desorden administrativo y la falta de transparencia.

Resulta incomprensible que la vicegobernadora intente hacer gala de buena administración y manejo transparente del Puerto, usando como escudo un presunto robo anterior que su propio gobierno nunca se interesó en esclarecer judicialmente. Esta lógica de "el anterior robó y yo no dije nada" es lo que ha llevado al activo más estratégico de la provincia al estado de vulnerabilidad actual.

Las preguntas que la Vicegobernadora debe responder:

1.    ¿Dónde están los expedientes? ¿Qué cantidad de fondos en pesos o dólares se destinaron a ese anticipo financiero que, según sus palabras, desapareció?

2.    ¿Quiénes fueron las empresas beneficiadas? ¿Por qué no se les ejecutaron las pólizas de seguro o se las inhabilitó para contratar con el Estado?

3.    ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué utiliza esta información en una reunión gremial y no en un juzgado federal?

El fin del relato de la "Autonomía"

La intervención del Puerto de Ushuaia no es solo una avanzada del centralismo porteño o un plan del Comando Sur. Es, fundamentalmente, la consecuencia de una dirigencia local que admite saber dónde se perdió el dinero público, pero prefiere usarlo como anécdota política antes que como prueba judicial.

El Dr. César Lerena fue claro al señalar la ineficiencia extrema de Melella en la administración portuaria. La declaración de Urquiza sobre la plata que "se voló" es la prueba final que, para este Gobierno; el Puerto de Ushuaia nunca fue una prioridad estratégica, sino una caja de la cual solo se acuerdan cuando la pierden. Si la plata voló y nadie hizo la denuncia, la responsabilidad es de Melella y de Urquiza, no de Milei.