La estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella para intentar recuperar el Puerto de Ushuaia ha chocado contra la realidad de su propia impericia. Fuentes judiciales de máxima confianza consultadas por Agenda Malvinas confirman que el Juez Federal Federico Calvete no ha rechazado la cautelar presentada en la jornada de hoy por el Ejecutivo fueguino, por el fondo de la cuestión; sino que ha emitido un despacho que deja en ridículo al equipo legal de la provincia, calificando la petición de "incompleta" y exponiendo errores que en el ámbito jurídico se consideran básicos y, en este contexto, sencillamente patéticos.

El jefe de los abogados que no puede litigar

El dato más vergonzoso de la resolución de Calvete recae sobre la figura de Emiliano Fossatto, Asesor Letrado y jefe de los abogados de la provincia. El Juez le ha tenido que ordenar que gestione su matrícula federal, revelando que el máximo responsable jurídico del Gobierno de Tierra del Fuego nunca ha litigado en el fuero federal.

Es un escándalo institucional: mientras el gobernador anuncia una "batalla épica" por la soberanía, envía al frente de batalla a un funcionario que ni siquiera tiene "licencia" para entrar al campo de juego. ¿Cómo es posible que el jefe de los abogados estatales ignore un requisito procesal tan elemental? Esta negligencia es el fiel reflejo de una gestión que confunde la militancia política con la idoneidad profesional.

Las tres bofetadas de Calvete

El Juez Calvete ha solicitado tres explicaciones previas que dejan a Melella en un callejón sin salida:

1.    ¿Competencia originaria de la Corte?: Calvete ha pedido a la Fiscal Federal que se expida sobre si este conflicto —una provincia contra el Estado Nacional— no debe ir directamente a la Corte Suprema de Justicia. Si es así, la presentación local fue una pérdida de tiempo deliberada.

2.    El silencio del Fiscal de Estado: El Juez exige saber por qué no actúa el Fiscal de Estado, quien es el representante natural y constitucional de la provincia. La decisión de Melella de desplazar al Fiscal de Estado para poner a un funcionario político (Fossatto) sin matrícula federal huele a una maniobra para ocultar el control de legalidad interno.

3.    La asesoría de los 60 mil dólares: Aquí surge el interrogante que indigna a la ciudadanía: Si el gobierno contrató al estudio porteño YMAZ S.R.L. por 60.000 dólares (90 millones de pesos), ¿cómo permitieron que se cometieran errores tan groseros como la falta de matrícula de Fossatto o la omisión del Fiscal de Estado? ¿Qué están asesorando exactamente por esa fortuna en dólares?

Una petición "incompleta" y desesperada

Para los especialistas consultados por Agenda Malvinas, la petición de la provincia es "incompleta". Calvete no ha podido siquiera empezar a analizar si la intervención es legal o no, porque el Gobierno de Tierra del Fuego no ha cumplido con los requisitos indispensables para que el juez "les abra la puerta".

Esta sumatoria de incongruencias muestra a un Melella y a un gabinete desbordados, que intentan tapar con parches judiciales lo que no supieron defender con gestión portuaria. Mientras el puerto sigue intervenido y bajo control nacional, la provincia desperdicia recursos y tiempo en presentaciones mal hechas que solo sirven para confirmar la inviabilidad técnica de la actual administración.

Hoy, el "patético" papelón en el Juzgado Federal de Ushuaia es el espejo de una gestión que ha perdido el rumbo, el puerto y, ahora, también la vergüenza profesional.

Melella está al borde del precipicio, no por una conspiración externa, sino por la alarmante mediocridad de un equipo que ni siquiera sabe cómo presentarse ante un juez.