Este miércoles 30 de agosto, se cumplirán dos meses desde que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, le adelantara al periodista Gustavo Silvestre, que iba a declarar “persona no grata” a la embajadora británica en la Argentina, Kirsty Hayes. El motivo expresado por el gobernador el 30 de junio fue el siguiente: la decisión inglesa de interrumpir el proceso de identificación de los soldados sin nombre en el cementerio de Darwin. 48 horas después, ese anticipo fue ratificado por el Secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, Andrés Dachary; a través de las redes sociales.
Así, el 1 de julio, el Secretario Dachary, dijo haber sido “instruido por el gobernador Gustavo Melella” para dar inicio al “proceso administrativo pertinente para la declaración de “Persona No Grata” a la Embajadora del RUGB (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) Kirsty Hayes, en su calidad de representante del Estado que, no solo invade, ocupa, saquea y militariza parte de nuestra provincia de forma ilegal; sino que ahora también, atormenta con su inhumana intransigencia a las familias de nuestros Héroes”, por negarse a dar continuidad al proceso de identificación de las tumbas sin nombre yacentes en las islas.
Pese a la contundencia de las razones, transcurrido 60 días de las declaraciones periodísticas del mandatario provincial, el gobierno fueguino aún no publicó el decreto mediante el cual prometió materializar el rechazo institucional contra la diplomática; asunto que según había declarado Andrés Dachary, se concretaría en el término de una semana. Y por las averiguaciones realizadas por Agenda Malvinas, tampoco se concretará.
Lo que no queda claro, es qué, quien o quienes han hecho naufragar semejante decisión ejecutiva del Jefe de Estado de la provincia que, dentro de su jurisdicción, contiene a las usurpadas Islas Malvinas. Aunque todo indica que la negativa tiene como principal epicentro la Cancillería Argentina, como también varios ministros del gabinete nacional; que no quieren de ninguna manera, confrontar con la principal representante del Reino Unido en nuestro país, la cual goza de la mayor de las libertades de intervenir en el desarrollo industrial y económico de la Nación.
La presión sobre el gobierno fueguino ha sido lo suficientemente importante, como para que la gestión Melella incumpliera con el anuncio que surgió por propia iniciativa y por fundadas razones que obtuvieron de manera inmediata; el acompañamiento por escrito del Centro de Veteranos de Guerra del Río Grande y del Centro de Excombatientes Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
De todos modos, el único que queda debilitado en términos políticos e institucionales, es el propio gobierno de Tierra del Fuego, quien muestra maleabilidad o falta de resistencia ante los embates de un gobierno nacional, que prefiere dejar mal parado a un gobernador aliado, antes de acompañar la legítima acción prometida por Gustavo Melella, frente a una nueva violación de los Derechos Humanos cometidas por Gran Bretaña, nada más ni nada menos: contra el derecho a la identidad de los héroes muertos en combate en 1982.