El tablero presupuestario de la defensa en el Cono Sur vuelve a reflejar la asimetría estratégica entre ambos lados de la cordillera. De acuerdo con los datos oficiales presentados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda de Chile, el proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2027 contempla una partida consolidada estimada de 2.885 millones de dólares para las Fuerzas Armadas y sus organismos dependientes. La cifra representa un incremento neto de 184,1 millones de dólares respecto a la base de 2026, lo que equivale a un aumento del 6,8% interanual.

Sin embargo, el análisis técnico del proyecto revela un aspecto central que trasciende el número global: esta asignación cubre exclusivamente el presupuesto ordinario operativo (sueldos, bienes de consumo, horas de vuelo, días de navegación naval y jornadas de adiestramiento de tropa). Los ambiciosos planes de compra y modernización armamentística anunciados en Punta Arenas por el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal —como el reemplazo de los cazas F-5, la renovación de blindados Leopard y las nuevas bases militares en Magallanes— se financian por carriles extrapresupuestarios paralelos.

Los números del gasto corriente: Prioridad para el aire y el mar

Dentro de la línea programática específica de Defensa, que agrupa a las tres armas y sus entidades administrativas de soporte, el proyecto 2027 destina 2.061 millones de dólares, lo que implica una suba del 5,2% en comparación con 2026.

El reparto institucional evidencia las prioridades de adiestramiento y patrullaje en las áreas estratégicas:

• Fuerza Aérea de Chile (FACh): Dispondrá de 426 millones de dólares, registrando el mayor incremento porcentual entre las fuerzas con un alza del 9,9% (38,3 millones de dólares adicionales).
• Armada de Chile: Recibirá 676 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5,3% (34 millones de dólares más) para garantizar los días de navegación de sus escuadras y unidades de patrulla.
• Soporte marítimo y aéreo: La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) contará con 98 millones de dólares (+2,2%), mientras que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tendrá un presupuesto de 438 millones de dólares, con un salto del 18,2% (67 millones de dólares de incremento).
• Organismos científicos y técnicos: En contraste con las áreas operativas, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) registrará una partida de 8,6 millones de dólares (-2,7%), el Instituto Geográfico Militar (IGM) 6,3 millones (-0,9%) y el Servicio Aerofotogramétrico de la FACh (SAF) 2,6 millones (-6,6%).

La caja paralela: Dónde está el dinero del rearme

La propia Dipres aclara en su desglose que el presupuesto ordinario de US$ 2.885 millones no contempla dos rubros determinantes:

1.   Los despliegues por Estado de Excepción Constitucional, que se tramitan mediante partidas extraordinarias directas.

2.   Las Capacidades Estratégicas de Defensa: Las compras mayores de armamento, sistemas de guerra electrónica y plataformas bélicas no se debitan de este presupuesto anual. Esos programas se nutren de los fondos remanentes de la histórica Ley Reservada del Cobre y de los mecanismos plurianuales de financiamiento establecidos por la Ley N° 21.174 de Capacidades Estratégicas.

Esto significa que los casi 2.900 millones de dólares asignados para 2027 representan únicamente el costo de mantener la maquinaria en funcionamiento: hacer navegar a los buques de la Tercera Zona Naval en el Estrecho de Magallanes y sostener en el aire los aviones que operan desde la Base Aérea de Chabunco. El dinero para el rearme pesado, las nuevas bases y el reemplazo del material de vuelo corre por una vía financiera blindada e independiente de las variaciones del presupuesto civil.

Contraste geopolítico en el extremo austral

La confirmación de estas partidas presupuestarias consolida el rumbo trazado por el gobierno de José Antonio Kast en la Patagonia austral. Mientras en la Argentina el debate de la defensa continúa supeditado a restricciones fiscales severas y a la espera de partidas extraordinarias para reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia, Chile garantiza por ley casi 3.000 millones de dólares para el funcionamiento diario de sus fuerzas, reservando intactas sus cuentas especiales para reequipamiento táctico.

El despliegue financiero cierra un círculo evidente: en Magallanes, Chile no solo custodia con celo burocrático y militar los hitos de Cabo Espíritu Santo y la boca del Estrecho frente a la Argentina, sino que sostiene una estructura presupuestaria robusta que le permite operar con holgura sus medios militares, al tiempo que en los muelles de Punta Arenas se ultiman los preparativos comerciales del buque Danstar para enlazar con la ocupación británica en las Islas Malvinas.