Más de cuatro meses después de los 40 años del desembarco argentino en Malvinas de 1982, el Senado de la República Oriental del Uruguay recién este 18 de agosto aprobó una declaración respaldando los reclamos soberanos de Argentina, cuya redacción goza de una notable tibieza producto del consenso entre el Frente Amplio y los nacionalistas, así como de una buena dosis de eufemismos.
El entuerto legislativo uruguayo tiene su origen el 5 de abril de este año, cuando el Frente Amplio presentó su proyecto de declaración reivindicando la histórica posición uruguaya en favor del reclamo argentino.
Pero esa primera propuesta de redacción se encontró con la oposición del Partido Nacional, cuyos legisladores cuestionaron segmentos del texto donde se hablaba de “sostenida usurpación” del archipiélago por parte de los británicos, así como la caracterización como “uno de los últimos enclaves coloniales en América Latina”.
La alternativa que los blancos propusieron quitó del texto toda alusión que pudiera conllevar un cuestionamiento a Gran Bretaña. Su redacción hacía hincapié en que, en lugar del “respaldo al reclamo argentino” y la afirmación de que los territorios en disputa “son parte integral” de nuestro país, optar por la más inocua “necesidad de que los gobiernos de Argentina y Reino Unido reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia”.
También los nacionalistas se opusieron férreamente a que en la declaración se hiciera alusión a la declaración especial de UNASUR de diciembre de 2012, que habla de un “firme respaldo a los legítimos derechos de Argentina” y de un permanente “interés regional” para que los británicos reanuden negociaciones.
Como contrapropuesta, impulsaron solo mencionar una eufemística declaración de noviembre de 2021 de la OEA, que apenas proclama “colaborar mediante los máximos esfuerzos a las más altas acciones diplomáticas argentinas” por su soberanía siempre que las mismas “estén amparadas en la paz y en los principios del derecho internacional”.
Finalmente llegaron a un acuerdo y quitaron del texto el término “usurpación” para en su lugar incorporar “ocupación” y “apropiación” en las referencias a la presencia británica en Malvinas desde 1833.
También la resolución menciona a los 763 uruguayos que, pese a no ser convocados, se alistaron en el ejército argentino para combatir en 1982.
Lo poco que pudo defender el Frente Amplio de su redacción original, fue la constancia de que el desembarco de 1982 fue “un intento de la dictadura cívico-militar de encubrir la terrible situación social política y económica” a la que había conducido al país.
Tarde y lleno de eufemismos, llegó el diplomático y declamativo apoyo de los senadores uruguayos a la posición argentina sobre Malvinas. Un gesto político mucho más blando, inocuo y circunstancial, que el verdadero sentir del pueblo del país vecino.
Fuente:
El Observador
Por Agenda Malvinas
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