Luego que entre el 27 y el 30 de julio pasados el radar táctico RPA-170M (cabo Domingo, Río Grande, Tierra del Fuego) detectara cinco vuelos irregulares sin registrar volando desde Chile con destino final en nuestras islas Malvinas, como reguero de pólvora se sucedieron las quejas y reacciones de las autoridades argentinas en todos sus niveles, principalmente en Tierra del Fuego, provincia a la que pertenecen jurisdiccionalmente las islas usurpadas por el Reino Unido.

El gobernador, Gustavo Melella, a través de la red social Twitter difundió un comunicado “ante la conmoción que ha generado en la sociedad toda distintas notas de prensa que dan cuenta de una posible invasión del espacio aéreo argentino por parte de aeronaves procedentes de Chile con supuesto destino a nuestras Islas Malvinas”.

En nombre del gobierno de la provincia de la cual es parte integrante el archipiélago, Melella confirmó la activación inmediata de “todos los protocolos que este tipo de acciones ameritan e inmediatamente y de forma constante se están manteniendo comunicaciones con los organismos nacionales pertinentes”, según advirtió.

En una primera instancia, esas comunicaciones persiguen el objetivo de obtener “mayor información a modo de ratificar o rectificar total o parcialmente lo aseverado en los medios de prensa” señaló Melella como medida preventiva.

Es que, en caso de confirmarse, evaluó que “estaríamos en presencia de un hecho de extrema gravedad ante el cual se requiere actuar con la mayor firmeza y contundencia”, y adelantó que, una vez obtenida la confirmación solicitada, instará a actuar de forma coordinada entre los distintos actores con competencia en el asunto.

Más adelante en su comunicado, Melella consideró “fundamental en el siglo XXI, y más en una región como la nuestra donde se conjugan intereses geopolíticos de diversas potencias, y ante los acontecimientos que están ocurriendo en distintas partes del mundo, continuar con el proceso de reequipamiento y modernización de nuestras capacidades militares”, señalando como ejemplo la reciente instalación del radar al Norte de Río Grande, a la postre el instrumento que detectó la gravísima irregularidad.

Por su parte, la Cancillería argentina pidió informes al Gobierno de la República de Chile, a través del embajador en Santiago, Rafael Bielsa, sobre los vuelos detectados por el Ministerio de Defensa sin los permisos obligatorios para volar el espacio aéreo nacional.

Por Agenda Malvinas