La pretendida sorpresa que el gobernador Gustavo Melella y su gabinete exhibieron el pasado 24 y 25 de agosto cuando el petrolero de bandera británica VS PROMISE (IMO 9351438) amaneció amarrado al muelle comercial de Ushuaia acaba de desmoronarse por completo.

Documentación pública a la que accedió en exclusiva Agenda Malvinas —materializada en la Nota N.º 101/2026 Letra: SEC. H, suscripta el 4 de septiembre por la secretaria de Hidrocarburos, Geóloga Julieta Balderramas, y dirigida al secretario Legal de Gobierno, Dr. Emiliano Fossatto— revela con minucioso detalle que el Poder Ejecutivo Provincial no solo conocía con días de anticipación la llegada del buque, sino que participó activamente en la emisión de certificados de origen provisorios y definitivos, midió los tanques en tierra, presenció los muestreos y firmó las actas de fiscalización del cargamento.

El informe constituye una prueba palmaria de las contradicciones de una gestión que, tras consumar el negocio extractivo en el norte provincial, pretendió desligarse de responsabilidades y descargar culpas sobre la intervención nacional del puerto capitalino, sobre el cual además, repudiaron mediante un proyecto impulsado por el bloque oficialista FORJA en la Legislatura.

La confesión cronológica: Sabían del buque desde el 7 de agosto

El descargo elevado por el área hidrocarburífera provincial echa por tierra cualquier hipótesis de “desconocimiento” o “sorpresa” administrativa:

• 7 de agosto de 2026: Ingresó formalmente a la Secretaría de Hidrocarburos la documentación presentada por el despachante aduanero Gustavo Poleri en representación de Total Austral S.A. solicitando la emisión de los Certificados de Origen Provisorios (COP). En esa misma fecha, Total Austral remitió un correo electrónico institucional comunicando la nominación del buque “MT VS PROMISE”, con una estimación de arribo y un volumen nominado de 32.000 m³.
• 7 al 11 de agosto: La dependencia provincial emitió consecutivamente los COP N.º 1356/26, 1357/26 (Total Austral), 1358/26, 1359/26 (Wintershall Dea/Harbour Energy) y 1360/26, 1361/26 (Pan American Sur), habilitando la operación comercial en todos los casos consignando expresamente el nombre del buque de transporte: VS PROMISE.
• 12 y 13 de agosto: Personal jerárquico provincial —entre ellos la Directora General de Fiscalización de Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López— se hizo presente físicamente en las instalaciones de la Terminal Marítima Río Cullen. Allí efectuó la medición inicial y final de los tanques 301A, 301C y línea de exportación, cotejó los datos con la inspectora internacional SGS y Aduana, y refrendó el Acta de Cargamento por un total final despachado de 32.007.325 litros de crudo seco calidad Hidra.
• 21 de agosto al 1 de septiembre: Concluida la carga en Cullen, la Secretaría continuó el trámite burocrático emitiendo los Certificados de Origen Definitivos (COD N.º 1455/26, 1456/26, 1457/26, 1458/26, 1500/26 y 1501/26), recaudando a través del Banco de Tierra del Fuego (BTF) las respectivas tasas provinciales liquidadas por millones de pesos.

La insólita excusa: "La bandera no es de nuestra competencia"

Frente a la requisitoria cursada por la Fiscalía de Estado en el expediente F.E. N.º 48/26, la Secretaría de Hidrocarburos apeló a una llamativa línea de defensa para eludir la aplicación de la Ley Provincial N.º 852 ("Ley Gaucho Rivero"), sobre la cual otro sector del mismo gobierno dice haberse violado:

“Datos tales como bandera, número IMO, armador, propietario, operador o agente marítimo del buque no constituyen información que esta Secretaría requiera o verifique en el ejercicio ordinario de sus funciones (...) La circunstancia de que una operación marítima pueda encontrarse materialmente vinculada con la carga o transporte de hidrocarburos provenientes de un área provincial no implica que todas las circunstancias relativas al buque queden comprendidas dentro de las funciones de fiscalización hidrocarburífera”.

La funcionaria afirma textualmente que su rol se limita a "la fiscalización del recurso en tierra" y que el control marítimo y aduanero le corresponde con exclusividad a la Prefectura Naval y a la Dirección Provincial de Puertos (Ley N.º 69), pretendiendo deslindar toda responsabilidad funcional del Ministerio de Energía en la verificación del pabellón del buque.

Las leyes provinciales son obligatorias para todo el Estado

El argumento de la Secretaría colisiona frontalmente con el ordenamiento jurídico argentino. El principio básico del derecho universal —consagrado en el artículo 8° del Código Civil y Comercial de la Nación— establece que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento (ignorantia juris non excusat).

La Ley Gaucho Rivero (Ley N.º 852), en el caso que hubiera sido violada -como interpreta la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos internacionales-, cuestión que evidentemente no sucedió; es una norma de orden público provincial, sancionada por la Legislatura fueguina en 2011, que en su artículo 2° prohíbe de manera taxativa:

"La permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales (...) dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina".

Ningún funcionario público que integra el Poder Ejecutivo Provincial puede ampararse en su estructura sectorial interna para argumentar que “no miró la bandera” o que “no verificó el IMO” de una embarcación autorizada a amarrar y operar en su propio litoral. Conforme al principio de presunción de conocimiento, las leyes son vinculantes desde su promulgación y su cumplimiento es un mandato ineludible, especialmente para quienes administran el dominio público de los recursos naturales.

La contradicción política es todavía más grosera:

1.    En los mismos despachos donde hoy se alega que la bandera colonial “no era de su incumbencia”, el Ministerio de Energía debió reconocer que recién el 27 de agosto —tres días después del escándalo público en Ushuaia y dos semanas después de haberse ido el buque de Cullen— emitieron la Nota M.E. N.º 193/2026 “recomendando” formalmente a las petroleras que se “abstengan de seleccionar embarcaciones que enarbolen el pabellón del Reino Unido”.

2.    Los propios legisladores de FORJA (el partido del gobernador Melella) presentaron un proyecto de declaración (Asunto 469/2026) denunciando que la presencia del VS PROMISE violó la Ley 852, pero apuntando los cañones exclusivamente a la intervención del puerto de Ushuaia y omitiendo con descaro que el mismo tanquero despachó crudo de petróleo en la monoboya fiscalizada por el gobierno que ellos integran.

Un laberinto que compromete a la cúpula gubernamental

El intento de compartimentar el Estado —sosteniendo que Hidrocarburos mide los litros, Puertos cobra el muelle y ninguno mira la soberanía— no supera el menor examen jurídico.

Los despachos de exportación del Sistema María (ARCA/Aduana) incorporados en el propio expediente oficial consignan sin margen de error: Bandera: REINO UNIDO. Esos documentos aduaneros fueron tramitados por el despachante Poleri, presentados ante la Secretaría de Hidrocarburos y utilizados como base para otorgar los Certificados Definitivos. El Estado fueguino lo tuvo documentado, lo tramitó y lo consintió.

Con la confesión documentada de Hidrocarburos ya en manos de la Secretaría Legal, el plazo de la Fiscalía de Estado se agota. El gobernador Gustavo Melella ya no puede argumentar que fue víctima de una maniobra inconsulta de la Nación: fue su propia estructura ministerial la que garantizó la logística, fiscalizó los tanques y recaudó las tasas provinciales del buque británico. En Tierra del Fuego, el relato de la causa Malvinas acaba de estrellarse contra las firmas y sellos oficiales de su propio gobierno.