Mediante el Decreto 712/2024 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el viernes 9 pasado; el gobierno nacional dictó la prohibición a la utilización de los aviones del estado para desarrollar actividades aerocomerciales.
En un 1er Artículo mandatorio, el Decreto expresa: “Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público. Prohíbese su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada”.
La medida alcanza a las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina que conforman la flota con la que opera Líneas Aéreas del Estado LADE, principalmente compuesta por SAAB-340, propiedad de dicha fuerza.
En su Artículo 2do, exceptúa de la medida a “las aeronaves privadas de titularidad del ESTADO NACIONAL, de las Provincias, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de los Municipios, de entes descentralizados, desconcentrados o de empresas estatales”. También refuerza el sentido prohibitivo: “Podrán realizar actividades aerocomerciales de transporte aéreo y trabajo aéreo en cuanto cuenten con las autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad aeronáutica”.
Artículo que, sin nombrarlas; hace una diferencia entre la condición de empresa estatal que posee LADE, que vuela con aviones y pilotos de la Fuerza Aérea; a la de Aerolíneas Argentinas SA, como compañía de servicio público de conducción e integración civil en todas sus áreas.
Folleto de rutas y destinos operados por LADE en 1976, donde Puerto Argentino figura con la denominación británica.
“Si bien oficialmente no se ha anunciado un cierre de la empresa LADE, al prohibirse con esta medida su operación, el futuro de la misma es incierto”, interpreta Pucará Defensa.
El Artículo 3ro, refuerza que “Los servicios de navegación aérea deberán otorgar prioridad de operación a las aeronaves públicas”. En tanto que en el 4to que “Las aeronaves públicas podrán ser objeto de todo tipo de contratos interjurisdiccionales de utilización, siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público”. Decisión que corta toda posibilidad que los aviones del Estado sean alquilados por el sector privado.
