La nueva visita a Buenos Aires del almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), para coorganizar la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) y sostener reuniones de alto nivel con la cúpula militar argentina, consolida un capítulo de profundización sin precedentes en la alianza de defensa entre Argentina y Estados Unidos.

Esta agenda, centrada en la seguridad marítima y la lucha contra el crimen transnacional, es presentada oficialmente como un vector de cooperación y beneficio mutuo. Sin embargo, analistas observan un proceso de alineamiento estratégico que suscita interrogantes sobre la autonomía en la política de defensa nacional y sus implicancias para el reclamo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Este acercamiento no es un hecho aislado, sino la pieza más reciente de una estrategia deliberada. El viaje de Holsey en abril de 2025, donde inspeccionó instalaciones en Ushuaia, replicó la visita de su predecesora, la general Laura Richardson, en 2024.

Ese año, el presidente Javier Milei, desde la misma capital fueguina, anunció el desarrollo conjunto de una base naval integrada con Estados Unidos, un proyecto que definió como “el primer paso” para recuperar las Malvinas por la vía diplomática y lo calificó como “el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años”. En esas declaraciones, Milei dejó clara su doctrina: “Mi aliado es Estados Unidos… Vaya que nos están apoyando”.

No obstante, esta retórica de soberanía choca con una realidad geopolítica incuestionable: el principal aliado militar y socio comercial del Reino Unido es precisamente Estados Unidos. Esta contradicción central genera escepticismo.

Para voces críticas, lejos de fortalecer la posición argentina, la dependencia estratégica de Washington podría diluir el reclamo al alinear al país inexorablemente con el bloque que respalda a Londres.

La cooperación en vigilancia del Atlántico Sur, aunque podría constituir un beneficio para combatir la pesca ilegal, se desarrolla en un escenario donde la potencia que aporta capacidades es también la aliada principal de la contraparte en la disputa soberana.

Un aspecto tangible de esta nueva asociación es la adquisición de 24 aviones de caza F-16, con equipamiento y soporte estadounidense, por un monto estimado de 650 millones de dólares. El gobierno argumenta que este programa reconstituye capacidades de interceptación supersónica críticas y eleva la interoperabilidad con las fuerzas occidentales. Sin embargo, la operación ha sido fuertemente cuestionada. Ex ministros de Defensa pusieron en duda la oportunidad del gasto en medio de una crisis socioeconómica profunda y las características de la compra.

Los F-16 son viejos, pero se descartó una oferta china de los JF-17 Thunder, nuevos y con mejor financiación, tras las presiones explícitas de altos funcionarios norteamericanos, quienes fueron terminantes en decir: “con China nada”.

La SOUTHDEC sirve, en este marco, como el foro que institucionaliza esta orientación. Al copatrocinar la conferencia, Argentina se sitúa en el centro de una arquitectura de seguridad promovida por Washington para la región, priorizando sus ejes y definiendo amenazas a su antojo.

En definitiva, el gobierno de Milei ha optado por una integración sin matices al esquema de defensa liderado por Estados Unidos, interpretándolo como la vía rápida hacia la modernización y una herramienta de presión diplomática por Malvinas.

Sin embargo, esta política es leída por amplios sectores como una cesión de margen de acción soberano que, en el largo plazo, podría hipotecar la independencia de la política exterior y de defensa nacional, subordinándola a los intereses estratégicos de una potencia que mantiene una alianza indisoluble con el adversario histórico.

El dilema entre la cooperación beneficiosa y la sumisión estratégica define este nuevo y crítico capítulo de la política argentina.