A requerimiento del Juzgado de Instrucción N°1, del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe; efectivos del Escuadrón 44 Gendarmería Nacional allanaron este mediodía el área Despacho de la Secretaría General, Legal y Técnica del gobierno de Tierra del Fuego, a cargo del abogado José Capdevila. El magistrado investiga el presunto delito de “falsificación de instrumento público”.
Imágen publicada este mediodía por el sitio web de Ushuaia, Actualidad TDF
En el procedimiento, la Fuerza Federal secuestró elementos tecnológicos y presumiblemente documentación, con las cuales se buscará determinar la fecha exacta de impresión del Decreto Provincial N° 1656/24, mediante el cual el Gobernador Gustavo Melella convocó a elecciones a Convencionales Constituyentes.
En concreto, ver si el Decreto 1656/24 publicado el 30 de julio, fue efectivamente impreso el 25 de julio, y no posterior al 29 de julio. Fecha esta última, en la que se cumplieron los 210 días previstos en el artículo 4º de la Ley Nº 1529/23 -promulgada el 29 de diciembre de 2023-; mediante la cual se abrió una instancia para la convocatoria a elecciones generales en toda la Provincia, con el propósito de reformar 70 artículos de la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a propuesta del propio Melella, como atajo legal para acceder a un tercer mandato de gobierno.
El allanamiento y secuestro efectuado a instancias del Juez Sergio Pepe, está relacionado a la suspensión del proceso electoral que ordenó el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y por decisión unánime de sus cinco miembros el pasado martes 6; luego de dar lugar a una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional; presentada por el legislador de Somos Fueguinos (SF) Jorge Lechman. Y que incluyó, además; una medida cautelar de no innovar para detener la implementación de la reforma hasta que se resuelva su constitucionalidad.
Desde la mitad de la década de los 90, cuando gobernaba José Arturo Estabillo; la Gendarmería Nacional no efectuaba un allanamiento en la sede del Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego. En esa oportunidad la Justicia fueguina fue en busca de pruebas por la denuncia de malversación de fondos públicos como consecuencia de la creación de Hidrocarburos Fueguinos S.A. HI.FU.SA. Cuyos directores, luego de firmar un contrato con la firma Triad Engineering Limited por 16 millones de dólares para la instalación de una refinería, la empresa nunca llegó a producir un solo litro de hidrocarburo.
“Esta intervención judicial, inédita en la historia reciente de la provincia, podría tener consecuencias de gran envergadura para el futuro político del gobierno de Melella. Los resultados de esta investigación podrían no solo invalidar el decreto en cuestión, sino también abrir un debate sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los asuntos públicos”, planteó como interrogante el sitio de información web de Tierra del Fuego SelknamSur; quien dio la primicia del allanamiento de Gendarmería.
Versiones provenientes del propio entorno de Melella, habían manifestado en el mismo momento que se llevaba adelante el allanamiento y secuestro; que el gobierno iba a emitir un “contundente comunicado” contra la medida judicial. Sin embargo, hasta las 6 de la tarde de hoy; oficialmente no había sido emitida ninguna comunicación desde los canales institucionales, ni por las redes del Estado Provincial.
