Una versión publicada a primera hora de esta mañana por el canal de noticias TN, indicó que fuentes del Foreign Office en Londres rechazaron la versión de un cruce ilegal y que aseguraron que “la Embajada (británica en Buenos Aires) notificó de forma anticipada y por los canales apropiados” la derrota del buque hacia Punta Arenas.

Si esta afirmación fuera demostrada por el gobierno británico, cambiaría radicalmente el eje del análisis y abriría un manto de confusión y contradicciones que tanto la República Argentina como el Reino Unido tienen la obligación de esclarecer de manera pública y urgente.

Frente a la magnitud de los hechos ventilados y ante la falta de una confirmación oficial unificada que explique los hechos, el escenario se divide en dos hipótesis principales que exigen rendición de cuentas.

Los dos escenarios de una crisis sin confirmar

En primer lugar, cabe analizar la veracidad de la postura británica. Londres debe demostrar fehacientemente si transmitió dicha información y si lo hizo cumpliendo a rajatabla con el Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas del Tratado de Madrid II de 1990. Este protocolo de posguerra obliga de manera rigurosa a las fuerzas armadas de ambos países a notificarse con antelación sobre movimientos militares en zonas sensibles para evitar incidentes de combate. Si la diplomacia británica no generó esa alerta formal por los canales específicos establecidos, estaríamos ante una transgresión unilateral flagrante destinada a testear la reacción argentina.

El segundo escenario, y quizás el más preocupante para nuestra soberanía, apunta a los despachos de Buenos Aires. Si la Cancillería argentina efectivamente recibió la notificación diplomática por parte de la Embajada británica y decidió archivarla en el silencio, o bien no la trasladó de manera inmediata y correspondiente al Área Naval Austral, estaríamos ante una falla interna de proporciones mayúsculas. Dejar a las fuerzas de control en el terreno —como los radares y los aviones Beechcraft B-200M "Cormorán" que debieron salir a rastrear a ciegas al buque intruso— sin la información vital que se maneja en los escritorios porteños, expone una vulnerabilidad estratégica inadmisible para la Seguridad Nacional.

La Cuestión Malvinas y la seguridad del mar continental no admiten especulaciones periodísticas ni ocultamientos diplomáticos. Si el aviso británico existió y fue silenciado para no perturbar el alineamiento dócil con Occidente que promueve la Casa Rosada, el país debe saberlo. Si el aviso fue una ficción de Londres para encubrir la ruptura unilateral del Madrid II, el Gobierno tiene la obligación de ejecutar una denuncia internacional inmediata.