El decreto de necesidad y urgencia presidencial que en la práctica deroga la Ley de Tierras en Argentina, ha desatado un intenso debate en el país. Bajo el título "Bioeconomía", la iniciativa del presidente Javier Milei ha despertado preocupación sobre la posible venta de vastas extensiones del territorio nacional en el mercado mundial, incluyendo tierras cultivables y valiosos recursos naturales como litio, cobre y, sobre todo, agua.
El argumento central del gobierno para esta medida es que la ley actual limita el derecho de propiedad de la tierra y obstaculiza el flujo de inversiones necesarias para impulsar el sector. Se argumenta que se requiere una mayor liberalización de la actividad económica, considerando que Argentina posee algunas de las mejores tierras del mundo.
Sin embargo, esta decisión ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país. Se ha señalado el posible beneficio para grupos económicos nacionales e internacionales, especialmente aquellos con intereses en la explotación de recursos naturales y la agricultura a gran escala.
Uno de los puntos más polémicos es la conexión entre la administración Milei y figuras prominentes del sector empresarial, como el empresario Eduardo Elsztain, propietario de IRSA, y su hermano Alejandro Elsztain, CEO de Cresud. Se ha sugerido que esta medida podría favorecer los intereses de estos grupos en detrimento del bienestar nacional.
La derogación de la Ley de Tierras también ha levantado preocupaciones sobre la posibilidad de un aumento en la extranjerización de la tierra, con potenciales consecuencias negativas para la soberanía nacional y el acceso de las comunidades locales a recursos vitales como el agua.
Organizaciones ambientalistas y de derechos indígenas han expresado su frontal rechazo a la medida, argumentando que el territorio no debería ser tratado como una mercancía y que la derogación de la ley podría agravar la situación de los pueblos indígenas, cuyos territorios podrían quedar aún más expuestos a la explotación y el despojo.
En medio de este debate, el gobierno argentino otorga nula importancia a la búsqueda de un equilibrio entre la atracción de inversiones y la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales.
La discusión sobre el futuro de la Ley de Tierras en Argentina está lejos de concluir, aunque sería fundamental considerar todas las perspectivas y posibles implicancias antes de tomar decisiones que afecten el destino del país y de sus habitantes.
Fuente:
Letra P
