La estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella para intentar frenar la intervención del Puerto de Ushuaia recibió un golpe de gracia, y no precisamente de sus "enemigos" nacionales, sino de la propia fiscalía federal de Ushuaia. El Dictamen N.º 3/2026 de la Unidad Fiscal Ushuaia, de fecha 31-01-2025, al que Agenda Malvinas tuvo acceso, califica la presentación de la provincia como irregular y expone una maniobra desesperada por eludir el control de legalidad de la Fiscalía de Estado.

La Fiscal confirma: Melella no puede actuar solo

El dictamen de la fiscal Candela Fernández Núñez es lapidario. En sus conclusiones, señala que, si bien el Gobernador detenta la representación legal de la provincia, el diseño constitucional fueguino (Art. 167 de la Constitución Provincial y Ley N.º 3) encomienda de manera específica y necesaria la representación judicial a la Fiscalía de Estado.

La fiscal es clara: la comparecencia de Melella con el patrocinio exclusivo de Emiliano Fossatto, sin la intervención del Fiscal de Estado, constituye un "defecto de personería que obsta la regularidad de la actuación procesal". En términos llanos: la presentación nació muerta por no respetar las leyes de la propia provincia que Melella dice defender.

¿Por qué se ocultó a la Fiscalía de Estado?

Este es el punto que genera mayor sospecha. ¿Por qué el Gobernador prefirió pagar 60 mil dólares a un estudio externo y enviar a un funcionario político como Fossatto (quien, recordemos, no tiene matrícula federal), en lugar de darle intervención al organismo técnico encargado de defender el patrimonio provincial?

La respuesta parece obvia: el Fiscal de Estado ejerce un control de legalidad que Melella parece querer evitar. Al intentar puentear al órgano natural de control, el Ejecutivo Provincial no solo cometió un error técnico, sino que demostró un desprecio total por las instituciones fueguinas.

Los puntos críticos del dictamen:

1.    Competencia en duda: La fiscalía sugiere que, al tratarse de un conflicto directo entre una Provincia y la Nación, el caso podría ser competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significa que la presentación en el juzgado local de Calvete fue, desde el inicio, una pérdida de tiempo y recursos.

2.    La "intimación" a subsanar: Ante lo que califica como una "omisión irregular", la fiscal sugiere al Juez que intime a Melella a integrar debidamente la representación con la Fiscalía de Estado. Es decir, le ordena al Gobernador que haga lo que debería haber hecho desde el primer minuto: respetar la ley.

3.    Falta de sustento: El dictamen deja en claro que no se puede avanzar en el análisis de la inconstitucionalidad de la intervención si ni siquiera se han cumplido los requisitos básicos de quién y cómo se presenta ante el estrado.

 Un gobierno que se sabotea a sí mismo

Ushuaia asiste hoy a un espectáculo penoso. Mientras el puerto sigue intervenido y el Dr. César Lerena advierte sobre la entrega de soberanía a potencias extranjeras, el equipo de Melella se enreda en sus propias trampas procesales.

El dictamen fiscal confirma que el "patético" papelón judicial que denunciamos no era una apreciación subjetiva, sino una realidad técnica. Melella gastó fortunas de los fueguinos en abogados externos para terminar siendo reprendido por una fiscal federal por no saber —o no querer— cumplir con la Constitución Provincial. Ahora, la pelota está en el campo del Juez Calvete, pero el daño a la credibilidad de la gestión provincial ya es irreversible.