La reciente designación de Demian Reidel como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) se plantea como un punto de inflexión para el sector nuclear del país. El presidente Javier Milei trazó un plan que contempla la privatización de la empresa estatal, el alejamiento de los proyectos con el gobierno de China y la reconfiguración del país en el mapa energético global, con un sometimiento a los intereses de EE.UU. Esta política trae consigo perjuicios serios a la soberanía energética y una dependencia externa.
El plan nuclear propuesto se articula en tres fases, comenzando con la instalación de cuatro reactores nucleares modulares en el complejo de Atucha. Esta medida surge como una alternativa a la adquisición de un gran reactor de tecnología China, proyecto que representaba una oportunidad de colaboración con una potencia en ascenso.
Al priorizar un enfoque alineado con Estados Unidos, el gobierno de Milei sacrifica asociaciones avanzadas y una cierta neutralidad política, en su obsesión por someterse a los mandatos de la potencia mundial. Esto en un escenario económico internacional de conflicto en crecimiento y tensiones políticas por las influencias geoestratégicas.
Alejarse de la cooperación con China no solo implica una pérdida en términos de diversificación de financiamiento y desarrollo tecnológico, sino que también refleja una dependencia de las decisiones y los intereses estadounidenses.
Este cambio, más que una estrategia de modernización, es una traición a las oportunidades de diversificar la económica y sostener una posición política equilibrada que, hasta ahora, Argentina había mantenido históricamente.
En la segunda fase de su plan, Milei pretende convertir el país en un exportador de uranio y tecnología nuclear, un objetivo que podría sonar prometedor, pero que está plagado de riesgos porque perpetúa la dependencia de capitales extranjeros para sostener una industria esencial, que deja escasas ganancias al país, generando un notable impacto ambiental y poniendo en peligro la soberanía del país.
La Fase 3 incluye la Construcción de una Ciudad Nuclear en la Patagonia, diseñada para albergar centros de datos que satisfagan las demandas en aumento de la inteligencia artificial.
Así, mientras se plantea una modernización en el uso energético (para aprovechamiento de las principales industrias), se priorizan intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales, como ya sucede en los sectores productivos que explotan los recursos naturales.
Además, la relación del gobierno argentino con Estados Unidos pone en peligro la seguridad y la autonomía del país. Ser un "aliado", o más bien un país sometido, resultará en compromisos que no se alinean con los intereses nacionales (como ya está sucediendo), transformando a la Argentina en un mero proveedor de energía, en lugar de un actor soberano en el escenario internacional.
Al priorizar la privatización y los vínculos con EE.UU, el gobierno desestima la importancia de mantener el control sobre recursos estratégicos y la necesidad de diversificar sus relaciones internacionales para no ser preso de los juegos políticos de intereses extranjeros.
Este enfoque no solo compromete la soberanía energética de Argentina, sino que también pone en riesgo el bienestar a largo plazo de sus ciudadanos.
Es fundamental considerar si el camino emprendido por el gobierno realmente genera un beneficio colectivo o si, por el contrario, convierte al país en un vehículo para intereses foráneos.
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