La intervención del Puerto de Ushuaia, formalizada este 20 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), marca el punto más bajo en la historia institucional de Tierra del Fuego desde su provincialización. Lo que el relato oficial de FORJA intenta vender como un "zarpazo centralista" es, en realidad, el acta de defunción de una gestión que sacrificó el activo estratégico más importante del país en el Atlántico Sur para alimentar una caja política insaciable.

Gustavo Melella no es una víctima; es el principal responsable de haber llevado a la provincia a la condición de "inviable", entregando ahora la llave de la gobernanza marítima por pura y absoluta inaptitud. Recordemos que por complicidad; también permitió la instalación del radar británico en Tolhuin, y que la petrolera Harbour Energy que operó en Malvinas con licencia ilegal británica, forme parte del consorcio explotador del Yacimiento Fénix operado por Total Energy.

El informe que Melella no pudo responder: El colapso técnico

La intervención por 12 meses no nace de un capricho ideológico, sino de un informe técnico lapidario que la gestión provincial fue incapaz de rebatir. Los hechos detectados por la auditoría nacional describen un puerto que operaba al borde de la catástrofe:

1.    Infraestructura en ruinas: Mientras Melella habla de "estándares de excelencia", los buzos y técnicos de la Nación encontraron en el Sitio 3 una escena de pavura: pilotes inexistentes, colapsados o directamente cortados. A esto se suman grietas profundas en el muelle y en los sectores de contenedores que comprometen la carga máxima. Las defensas dinámicas, encargadas de absorber el impacto de los buques de 100.000 toneladas, son piezas de museo con la vida útil agotada, dejando al muelle desprotegido ante cualquier error de maniobra.

2.    Abandono tecnológico: En la frontera logística más importante de la Argentina, el software de gestión es calificado como "rudimentario". Sin trazabilidad, sin ciberseguridad y sin protocolos modernos, el puerto operaba en una oscuridad tecnológica que solo beneficia el descontrol.

El caos contable: El puerto como "Caja Negra"

Donde la gestión Melella muestra su cara más oscura es en la administración de los fondos. El desvío de $1.411 millones a la OSEF (Ley 1596) fue solo la punta del iceberg de un desmanejo financiero sistémico:

• Disociación contable: Los auditores nacionales detectaron una desconexión absoluta entre el Debe y el Haber. No hay coincidencia entre los saldos bancarios y los fondos declarados, una "falta de integridad" que en cualquier empresa privada derivaría en denuncias penales inmediatas.
• La empresa de los "Paraguas y Pelucas": Resulta un insulto a la inteligencia de los fueguinos que la administración provincial haya tercerizado registros críticos en una empresa cuya habilitación comercial incluye la venta de paraguas, termos y pelucas. Es la parodia de una gestión profesional.
• Gasto Político vs. Inversión: Se detectó que el 33% del presupuesto se diluía en subsidios y gastos corrientes, mientras que para obras fundamentales de mantenimiento solo se destinó el 1,3%. Mientras el muelle se caía, los propios trabajadores portuarios denunciaban que la DPP incorporaba más de 100 personas en Río Grande, en una ciudad donde no hay puerto; evidenciando que el objetivo no es la logística, sino el refugio de punteros y socios políticos.

Funcionalidad a la entrega y la soberanía herida

Aquí radica la mayor contradicción de Gustavo Melella: mientras se llena la boca con discursos de soberanía, su desastrosa gestión es la que termina siendo funcional a la política privatizadora del Gobierno Nacional. Al gestionar el puerto con niveles de opacidad y negligencia propios de una administración fallida, le ha servido en bandeja a las corporaciones y fondos de inversión extranjeros el argumento de que el Estado provincial no sabe administrar sus bienes.

Perder el manejo del puerto por un año (con opción a prórroga) es perder la capacidad de proyección hacia la Antártida, el Atlántico Sur y las Islas Malvinas. No es el "Comando Sur" ni el "Grupo Mirgor", ni “Walter Vuoto” o la “Prefectura Naval Argentina” -como afirmó un alto funcionario portuario-; quienes le han quitado a la provincia el manejo estratégico; sino un gobernador que prefirió usar las ganancias del puerto para tapar los agujeros de su fracasada política sanitaria y clientelar, en lugar de invertir en los pilotes que sostiene la gobernanza de la provincia marítima.

Hoy, la provincia bicontinental es una provincia tutelada. Y el responsable no está en Buenos Aires, sino en la Casa de Gobierno de Ushuaia.