La alarma registrada entre las empresas pesqueras de origen español que operan con licencias ilegales de la administración colonial se transforma en crisis, producto del resultado de la sobreexplotación del caladero y la depredación sin control en la periferia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la República Argentina.

La preocupación se ha instalado en la flota pesquera gallega que opera en sociedad con empresas radicadas en las Islas Malvinas, una alianza que Argentina considera una violación de la soberanía nacional.

Según informes de la prensa española, la segunda campaña de pesca del año se ha iniciado con resultados desoladores. “No hay calamar”, lamentan fuentes consultadas por el medio español Faro de Vigo, mientras capitanes de buques advierten que “la cosa pinta fea”. Esta situación es una réplica del pasado verano, cuando la zafra de calamar tuvo que ser cancelada de manera abrupta, dejando a los arrastreros sin faenar por 300 días.

El escenario actual no solo afecta a los intereses económicos de las empresas, sino que pone en jaque la viabilidad del principal ingreso de la administración colonial. La venta de licencias de pesca a flotas extranjeras es el pilar de su economía. Sin embargo, el continuo descenso en las capturas, que el año pasado ya se había reducido a 47.475 toneladas, amenaza con una caída irreversible en este recurso.

Dos factores clave explican esta debacle. En primer lugar, la sobreexplotación pesquera llevada a cabo por las mismas flotas que ahora sufren las consecuencias. En segundo lugar, la depredación cercana que realizan de forma indiscriminada flotas de China, Corea, España y Taiwán, operando al borde de la ZEE argentina. Esta actividad, que ejerce una presión insostenible sobre el stock migratorio de calamar, está agotando el recurso sin respetar ningún tipo de regulación internacional.

Mientras los pescadores gallegos y las autoridades coloniales evalúan un "plan de acción" para revertir la situación, desde Argentina se observa cómo la explotación ilegal y la falta de regulación ambiental están llevando a un punto de no retorno a un recurso natural que pertenece a todos los argentinos.

La crisis del calamar es una muestra de las consecuencias ambientales de la política de facto que opera Gran Bretaña en el Atlántico Sur y un recordatorio de la necesidad de proteger la soberanía y los recursos nacionales en el archipiélago.