La creciente complicidad logística e institucional de Chile con la ocupación británica en las Islas Malvinas llegó de lleno al Congreso de la Nación. Diputados de la oposición peronista presentaron formalmente un proyecto de resolución para citar al embajador de la República de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, con el fin de que rinda explicaciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre la apertura de la ruta marítima Punta Arenas–Puerto Argentino y su eventual vinculación con el abastecimiento de los proyectos petroleros offshore en el área en litigio.

La iniciativa, elaborada por el ex canciller y actual diputado Santiago Cafiero, cuenta con las firmas de legisladores de peso en la comisión, entre ellos Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, y representantes de las provincias patagónicas como Andrea Freites, Ana María Ianni, Pablo Todero y Ariel Rauschenberger.

La citación busca transparentar tres ejes medulares que el gobierno chileno viene esquivando bajo el ropaje de un "acuerdo entre privados":

1.    La posición oficial del Estado chileno: Evaluar la compatibilidad del nuevo corredor marítimo con los compromisos asumidos en el marco regional y multilateral respecto a la Cuestión Malvinas.

2.    Autorizaciones gubernamentales: Exigir precisiones sobre la participación de organismos estatales trasandinos (Dirección de Fronteras y Límites, Armada y autoridades aduaneras/portuarias) en la habilitación operativa de la ruta.

3.    El auxilio al saqueo petrolero: Esclarecer si el buque Danstar y la infraestructura montada en Magallanes se utilizarán para asistir técnica o logísticamente a la exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina, en referencia directa al yacimiento Sea Lion.

El sustento jurídico y las resoluciones de la ONU

Los fundamentos del proyecto recuerdan que la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos, está expresamente reconocida por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, los legisladores subrayan la plena vigencia de la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación mientras se halle pendiente el proceso de descolonización. Al abrir un canal de suministros, cemento, repuestos, combustibles y alimentos a tarifas subsidiadas, la naviera de bandera chilena Easter Island vulnera de lleno este mandato internacional al alterar las condiciones materiales del territorio ocupado.

La estocada económica de Guillermo Michel: Romper acuerdos bilaterales

En simultáneo con el pedido de interpelación diplomática, el diputado entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley complementario que eleva la presión sobre los intereses financieros trasandinos: declarar la denuncia inmediata del Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y del Convenio para Evitar la Doble Imposición Fiscal, ambos suscriptos entre Argentina y Chile.

La propuesta legislativa —que recibió esta misma semana el respaldo explícito del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) mediante nota formal— busca golpear la ecuación económica de los capitales chilenos que operan en el país:

"El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas", sostuvo Michel.

El diputado agregó que la Argentina "no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino".

Del letargo de Cancillería a la acción política

Esta ofensiva en la Cámara de Diputados contrasta con la tibia respuesta del canciller Pablo Quirno, quien días atrás intentó eximir de culpas al gobierno central de José Antonio Kast limitando la gravedad del asunto a un problema meramente municipal de Punta Arenas.

Sin embargo, los hechos en el terreno desmintieron la hipótesis oficial: la visita del embajador británico David Concar a Magallanes para coordinar defensas y logística antártica con las autoridades locales, el desfile de ministros chilenos ratificando el libre comercio portuario y la publicación de un tarifario corporativo para alimentar la base militar y el proyecto petrolero Sea Lion demuestran que se trata de una estrategia coordinada entre Londres y Santiago.

Frente al zarpe programado del Danstar para las próximas semanas, la reacción parlamentaria marca un cambio de dinámica en Buenos Aires: la defensa soberana en el Atlántico Sur no se agota en comunicados protocolares; exige obligar a la diplomacia vecina a dar la cara y hacerle pagar un costo económico real a quienes facilitan la consolidación colonial en nuestras islas usurpadas.