El pasado miércoles 27, el apoderado y director de LeoLabs Argentina SRL, Pablo Renán Bilbao; le envió una nota al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; diciéndole que la empresa había decido pedir a la Dirección Provincial de Energía (DPE) “el corte total del suministro de energía a la estación terrena” instalada en la Estancia El Relincho de Tolhuin. Pero que antes de la desconexión del servicio, iban a “retirar ciertas partes electrónicas”. Y que luego de esa acción, sí interrumpir totalmente la electricidad que alimenta al radar, hecho que estimaron realizarían el viernes 29 ultimo.

Ese mismo día y como conclusión de la nota recibida por el Poder Ejecutivo Provincial, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, se conformaba diciendo: “si bien dista de ser una solución definitiva, para nuestra provincia es un avance contar con garantías concretas de que el radar no se encuentre operativo”.

Transcurridos estos cinco días, la empresa aún no ha dicho si ha quitado “partes electrónicas” y cuáles fueron. Quizás sí se lo comunicó al Gobierno y el Gobierno no lo haya aún transmitido. Porque hasta hoy a la tarde no ha dicho haber recibido información al respecto del abogado, yerno y asesor de la Diputada Nacional Mabel Caparros, Pablo Bilbao; o de otros, de parte de LeoLabs. Tampoco haber corroborado por sí mismo, que se hayan retirado esas “partes electrónicas”, para ratificar como dijo Dachary; “contar con garantías concretas”.

Agenda Malvinas sí ha podido saber que el viernes -lo confirmaron hoy desde la propia DPE-; por pedido del apoderado de la empresa, se procedió a cortar el cableado eléctrico en la bajada del poste que se encuentra frente a la entrada la Estancia El Relincho.

De todos modos, no se pueden dejar pasar el reguero de nuevos interrogantes que se presentan posterior de la nota enviada por Bilbao a Melella. Uno de los primeros que podemos advertir, es que se desconoce si el gobierno fueguino ha transmitido a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Defensa, la decisión de LeoLabs de sacar “partes electrónicas” y que, de la electricidad y el internet, la voluntad de esta fuera solamente de cortar la corriente eléctrica.

Sobre todo, no solo por las advertencias del Ministerio de Defensa en cuando a la peligrosidad que significa la existencia del radar por la vulneración a la seguridad nacional, sino porque esa Subsecretaría nacional le pidió al Gobernador que se ocupara de cancelar la inscripción a la IGJ y la habilitación ambiental otorgada, y principalmente gestionada la desconexión eléctrica y también de la red de internet.

En esta instancia -no en las anteriores-; la falta de comunicación entre el gobierno nacional y el de Tierra del Fuego llega a lo más altos niveles de las irresponsabilidades. Y en especial, de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Defensa. Porque una cosa es que no se pongan de acuerdos y se peleen en aspectos de las competencias mutuas. En quién o quiénes fueron los actores primarios de aprobar la radicación de la empresa y los permisos ambientales, para que luego la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad extendiera la habilitación precaria.

No es tan difícil. No estamos ante el dilema de quién fue primero: “¿el huevo o la gallina?”. Ya está claro que durante todo el transcurso de 2022 el gobierno de Tierra del Fuego aprobó en tiempo record la inscripción de LeoLabs en dos oportunidades en la IGJ; primero como LeoLabs Inc. y luego como LeoLabs Argentina SRL y en ambos casos como filial de dos empresas, una con sede en Irlanda y otra el Inglaterra; y que en menos de 40 días extendió la habilitación ambiental.

Por otro lado, que el 15 de noviembre del año pasado la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de la Nación le otorgó un permiso precario, salteando a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, a la Administración Nacional de Aduanas y a todo el campo científico y universitario de competencia. Y que, además, según dice esa Subsecretaría Nacional, el 13 de enero de este año, la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; solicitó una excepción a las importaciones a favor de LeoLabs.

Pero lo que está sucediendo ahora es que LeoLabs le informa al gobierno de la provincia que va a sacar partes electrónicas del radar y cortar la electricidad y nadie; nadie de los preocupados del Ministerio de Defensa, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete, del campo científico, haya venido a Tierra del Fuego a supervisar, registrar, documentar y garantizar con pruebas irrefutables, que el radar efectivamente no se encuentre operativo.

¿Quién puede creer de esta manera, que con las solas manifestaciones por escrito de Pablo Bilbao al gobernador Gustavo Melella, la sociedad y la prensa nacional y provincial, se dé por satisfecha que la gravedad narrada en un informe de 23 páginas escrito por el Ministerio de Defensa, haya quedado en el pasado?

¿No habría sido importante que una delegación de técnicos, profesionales y científicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y del Ministerio de Defensa, junto a miembros del INVAP, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, estén en Tierra del Fuego supervisando lo que LeoLabs dice que hizo o va a realizar?

En “un país normal”, donde la seguridad nacional se encuentra en la cúspide de intereses del Estado y de los Gobiernos, esta situación no estaría ocurriendo. No es imaginable que Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irak, India, Irán, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Polonia, el Reino Unido, Rusia, Vietnam o Venezuela; se tomarán con tanta liviandad, que un estado que tiene invadido, usurpado y que saquea su territorio, como lo hace Gran Bretaña con Argentina, instale un radar con prestaciones militares y que las áreas nacionales de clara competencia en el campo de las telecomunicaciones y la defensa, no supervisen la desconexión y su desmantelamiento, como el que LeoLabs montó en Tierra del Fuego.

No solo que no es serio, sino que reviste el carácter de alta imprudencia. 

¿Cómo saber si realmente quitaron partes electrónicas, y si en tal caso, fueron las correctas para dejarlo efectivamente inactivo? ¿Si con solo haber cortado la electricidad y no la red de internet (como lo pidió la Subsecretaría de Telecomunicaciones) ya es suficiente? 

Las diferencias modésticas no pueden ser tan abismales como para que esto se prolongue en el tiempo. Si no se actúa con la madurez política institucional que corresponde, nadie, absolutamente nadie tendrá la certeza que se esté procediendo para resolver esta situación de cuya peligrosidad el Ministerio de Defensa, dijo y repitió durante los meses de junio, julio y agosto de este año.