En una reunión clave celebrada este martes, los parlamentarios definieron el Reglamento Interno y un esquema de trabajo público. Con el acompañamiento de los Centros de Veteranos de Guerra, el cuerpo legislativo se prepara para solicitar una batería de medidas probatorias dirigidas a diversos entes para desarmar la ruta de autorizaciones del radar británico en Tolhuin.

En tal sentido, la Comisión Especial Investigadora por el radar de Tolhuin dio su primer paso formal dentro del Parlamento fueguino. En un encuentro celebrado este martes 9 de junio, las y los legisladores designados definieron las autoridades del cuerpo, aprobaron su Reglamento Interno y fijaron el 18 de junio próximo como la fecha para el segundo encuentro operativo, donde se dará curso a las primeras e inmediatas medidas de prueba.

Por decisión unánime de los integrantes del espacio, el legislador Pablo Villegas (MPF) fue designado para presidir la Comisión, mientras que el parlamentario Matías Lapadula (PG) asumirá las funciones de Secretario. De este modo, la conducción del órgano de control quedó estructurada bajo el mandato de bloques que han sostenido una postura firme frente a la permanencia de la firma LeoLabs en la provincia.

Hacia la "verdad histórica" sin reuniones secretas

"La Legislatura tiene la oportunidad de poder generar un ámbito institucional donde poder averiguar, poder alcanzar la verdad de lo que nos pasó con el tema del radar", señaló Villegas a la Prensa Legislativa. El parlamentario fue tajante al asegurar que el trabajo de la Comisión será de carácter público, permitiendo la participación y exposición de cualquier ciudadano que lo requiera, reservando el formato secreto únicamente para excepciones de extrema sensibilidad.

El objetivo central de los 90 días hábiles de plazo que posee la Comisión —sustentada constitucionalmente en las Resoluciones de Cámara 131/26 y 161/26— será analizar el andamiaje de expedientes y autorizaciones otorgadas a las firmas LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina SRL, para conocer las responsabilidades políticas, administrativas y técnicas de los funcionarios provinciales intervinientes y sus posibles vinculaciones con el Gobierno Nacional de entonces.

Primeras pruebas bajo la lupa de los Veteranos

El arranque de la labor investigativa contará con un fuerte componente técnico e institucional. Según adelantó el propio Villegas, el legislador Juan Carlos Pino (PJ) ya presentó una densa "batería de medidas de carácter probatorio dirigida a un sinnúmero de entes" públicos para comenzar a recopilar las actuaciones administrativas.

Cabe recordar que la Comisión posee facultades plenas para:

1.   Solicitar documentación certificada al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. 

2.   Citar e interrogar de manera directa a funcionarios y empleados públicos. 

3.   Convocar testigos y nombrar peritos especializados.

Toda esta maquinaria de auditoría institucional estará siendo supervisada por quienes más alzaron la voz contra el enclave británico: un representante del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y uno del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, quienes participan activamente en calidad de asesores ad honorem con derecho a voz.

El informe definitivo

Al concluir el periodo de investigación, el cuerpo —integrado además por Federico Sciurano, Raúl Von der Thusen, Gisela Dos Santos, Natalia Gracianía y María Laura Colazo— deberá elevar un informe definitivo a la Cámara Legislativa.

Villegas recordó la gravedad de lo que está en juego en el suelo de la provincia: "Es nada más ni nada menos que tener un instrumento militar de la potencia usurpadora de nuestras Islas Malvinas".

Si del cruce de datos y expedientes surgieran responsabilidades de carácter penal o judicial, la Comisión notificará formalmente a las autoridades competentes. La cuenta regresiva institucional para romper la red de silencio ya está en marcha en Tierra del Fuego.