El desfile militar del 9 de julio en Argentina tuvo la participación de tres individuos acusados de torturar a soldados durante la guerra de Malvinas en 1982. Identificados como Emilio José Samyn Ducó, Francisco Eduardo Gassino y Jorge Taranto, fueron señalados por excombatientes como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes (CECIM), fue quien reveló la situación a través de las redes sociales.
En 2022, el procurador general interino Eduardo Casal recomendó revocar un fallo que consideraba que las torturas a soldados en Malvinas no eran delitos de lesa humanidad y estaban prescritos.
La causa también incluye otros casos relacionados con torturas, abuso sexual y actividades ilegales cometidas contra soldados después del conflicto bélico. Las víctimas han relatado diferentes situaciones traumáticas vividas bajo el mando militar, desde estaqueamientos, hasta agresiones físicas y disparos de armas de fuego.
Ese mismo año, el fiscal Rapoport sumó otros 22 casos de torturas y dos de abuso sexual cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) Número Tres. Incluyó delitos sexuales, hechos de antisemitismo e inteligencia ilegal sobre los excombatientes una vez finalizado el conflicto bélico.
A pesar del pronunciamiento favorable para continuar con esta investigación por parte del Ministerio Público, todavía se espera un fallo definitivo por parte de la Corte Suprema.