Bajo el habitual ropaje de la «cooperación científica» y la «pesca sostenible», la corporación armadora internacional y la administración colonial británica acaban de dar un paso formal para institucionalizar el saqueo en el Atlántico Sudoccidental. Con el financiamiento directo de la patronal pesquera española OPPC-3 y el soporte de la ONG Sustainable Fisheries Partnership (SFP), científicos de España, China, Corea del Sur, Brasil, Uruguay y de las usurpadas Islas Malvinas acordaron en Vigo la creación de la primera base internacional de datos sobre el calamar Illex argentinus.

El mecanismo, anunciado por La Voz de Galicia, no es un simple intercambio académico: es un dispositivo técnico-político montado a espaldas del Estado ribereño para modelar y legitimar la explotación del principal recurso cefalópodo del Mar Argentino. Como anfitrión institucional y custodio del servidor operará la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (DINARA), que se prestará a oficiar de intermediaria diplomática para convalidar una mesa donde la colonia británica se sienta en pie de igualdad como si fuera un Estado soberano más.

La legitimación del enclave por la vía académica

La inclusión de la colonia británica implantada en las Islas Malvinas como entidad participante, expone la maniobra de fondo. Tras el colapso del calamar Loligo en las zafras recientes y ante el agotamiento biológico en torno al enclave, las flotas que operan con licencias británicas ilegales y las armadas que depredan al límite de la milla 200 necesitan desesperadamente blindar el acceso al Illex argentinus.

Para ello, recurren a una vieja estrategia británica: eludir el diferendo de soberanía reconocido por Naciones Unidas y sentar al gobierno ilegítimo de ocupación en un esquema multilateral de administración pesquera encubierta. Entre los voceros científicos del taller figura Alexander Arkhipkin, histórico referente y exasesor del departamento pesquero de la colonia, presentado convenientemente como «experto independiente» para barnizar de neutralidad una estructura diseñada a la medida de los intereses de la colonia y de las armadoras gallegas.

Un cerco sobre el recurso soberano

El Illex argentinus es una especie migratoria cuyo ciclo vital, desove y desarrollo biológico se asienta principalmente en la plataforma continental y en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Pese a que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) cuenta con las series históricas y el conocimiento científico más acabado sobre este stock, el taller de Vigo prescindió deliberadamente del país ribereño para confeccionar sus propios «modelos de evaluación».

La mecánica acordada prevé:

• Completar la base de datos común en cinco meses bajo el paraguas de la DINARA uruguaya.
• Comparar en 2027 los modelos de evaluación para dictaminar, según los intereses de las flotas capturadoras, cuál es el estado del recurso y cuánto se puede extraer.
• Condicionar a la Argentina notificándole el acuerdo a través de Montevideo para forzarla a suministrar su propia información bajo las reglas y formatos fijados en Galicia.

El director gerente de la OPPC-3, Edelmiro Ulloa, reconoció sin pudor que buscan suplir las decisiones estatales con un «marco concreto» impulsado desde el propio sector empresario extractor. Es la privatización de la ciencia al servicio de flotas que pescan sin control y de empresas que sostienen el esquema colonial.

La complicidad regional de Montevideo

El rol asignado a Uruguay resulta alarmante en términos de solidaridad regional y geopolítica austral. Al aceptar albergar la base de datos y comprometerse a invitar a otros países en nombre del consorcio de Vigo, la DINARA se transforma en la cabeza de playa que permite al lobby español y a los británicos sortear las objeciones diplomáticas argentinas. Montevideo, cuyo puerto es señalado históricamente como nodo logístico de buques que operan al borde de la milla 200, vuelve a prestar su estructura para consolidar un sistema que desconoce los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur.

La iniciativa gestada en Galicia no persigue la sustentabilidad marina: es un consorcio de expoliación que busca construir una gobernanza paralela sobre los recursos de la plataforma argentina. Frente a este intento explícito de arrebatar el manejo científico y pesquero del calamar, el silencio o la inacción de la Cancillería y del Consejo Federal Pesquero representaría otra claudicación inaceptable ante el avance corporativo y colonial sobre nuestra soberanía.