En medio de una profunda crisis social y política, la nueva administración del Partido Conservador británico liderado por Liz Truss anunció una reforma fiscal para recortar fondos en salud pública y educación, y reforzando el presupuesto de sus Fuerzas Armadas. Según comentó el Ministro de Defensa Ben Wallace, el objetivo del gobierno sería duplicar la inversión militar y elevar su financiamiento por encima de los u$s110.000 millones para el año 2030. Esto representaría tres puntos del PBI nacional, la mayor expansión económica para las fuerzas británicas desde la década de 1970.
Por otro lado, la reforma fiscal propone recortes para las carteras de salud, educación, medioambiente y planificación social; además de introducir rebajas impositivas para sectores de grandes ingresos, flexibilización en la normativa laboral, y la habilitación al mercado inmobiliario para construir sobre espacios verdes consignados a la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el aspecto más controvertido de estos anuncios fueron las modificaciones de la legislación sindical para limitar las convocatorias a huelga.
Este polémico paquete de medidas llega en el contexto de una ola nacional de resistencia contra el aumento de la inflación y el costo de vida, donde trabajadores de los sectores básicos de la economía reclamaron ante la caída de sus ingresos. El efecto regresivo del nuevo presupuesto de emergencia, conocido informalmente como mini-budget, ha sido señalado incluso por la Primera Ministra Truss, quien lo anunció como un regreso a la “teoría del derrame” y el modelo thatcherista.
El plan fiscal, que incurre en una serie de inconsistencias financieras, incluye también un programa de endeudamiento público para realizar el salvataje de las grandes empresas afectadas durante la pandemia por Covid-19. Esto produjo que la reacción inmediata de los mercados internacionales fuera la depreciación de la moneda británica, cuya caída opacó en las noticias a muchos de los efectos “colaterales” del mini-budget.
Una declaración de principios
El aumento en el presupuesto militar, con proyección a largo plazo, fue justificado por parte de la administración interina de Liz Truss como una necesidad ante la amenaza representada por Rusia. La postura de la actual Primera Ministra, quien se desempeñó como Canciller para Boris Johnson, destaca dentro del ala conservadora por la radicalización de su discurso otanista. La defensa del bastión colonial emplazado en las Islas Malvinas representa uno de los pilares de su plataforma política, cuya máxima referente se encuentra en la figura de Margaret Thatcher.
Esta ideología colonial también se refleja en su concepción de la política migratoria, donde Truss ha prometido profundizar el programa para relocalizar a los migrantes de Gran Bretaña en países del continente africano. En paralelo, la líder conservadora ha expresado su deseo de abrir las fronteras a la inmigración calificada, es decir aquella que porta las habilidades profesionales demandadas por el mercado. El círculo se completa con las declaraciones de la nueva gobernante acerca de los acuerdos en materia de Derechos Humanos, a los que su país adscribe; y sobre los que ha planteado su revisión e incluso su anulación si representan un obstáculo para los intereses del sector corporativo.
Sin embargo, el clima de descontento social imperante en el Reino Unido, sumado a la crisis inflacionaria que afecta a todas las economías europeas, pone en duda la permanencia de Liz Truss al frente del gobierno. Además de la oposición representada por el Partido Laborista, distintas voces comienzan a levantarse dentro de su propio espacio político para cuestionar la efectividad del rumbo propuesto por la actual premier. El ex parlamentario conservador Kenneth Clarke, ministro de economía luego de la administración Thatcher, denunció la falacia del derrame como una política económica latinoamericana, que carece de fundamento y que nunca muestra los resultados prometidos.
FUENTE:
BBC-News
Russia Today
Telegraph.co.uk
The Guardian
